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Caso de los ERE

Doce procesados en la primera pieza de los ERE por ayudas a empresas

En el auto, se aprecia la posible existencia de los delitos continuados de prevaricación y malversación.

Efe. Sevilla Actualizada 27/09/2016 a las 13:28

El juez de instrucción Álvaro Martín ha procesado a doce personas, entre ellos dos exviceconsejeros de Trabajo, en la primera pieza de los ERE que se concluye sobre ayudas a empresas, en este caso por una ayuda de 3,2 millones de euros aprobada en 2003 a Aceitunas y Conservas S.A.L. (Acyco).

En el auto, el magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla aprecia la posible existencia de los delitos continuados de prevaricación y malversación.

De los doce procesados, seis están incluidos en la pieza política de los ERE, entre ellos dos exviceconsejeros de Trabajo -Antonio Fernández y Agustín Barberá- y cuatro ex directores generales, uno de los cuales, Francisco Javier Guerrero, incluyó a un amigo suyo de la infancia en la lista de beneficiarios de la ayuda a la empresa pese a que nunca trabajó en ella.

Según el juez, la investigación de esta ayuda demuestra que "autoridades o funcionarios han dispuesto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, con ausencia del procedimiento correspondiente, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados y con beneficio para terceros ajenos a los fines específicos de esos fondos".

El juez deja fuera de la causa a cinco personas que estaban siendo investigadas en esta pieza, entre ellas tres exdirectores de Finanzas de la empresa pública pagadora de las ayudas, IFA/IDEA.

El proceso para aprobar la ayuda comenzó en julio de 2003, cuando la empresa aceitunera presentó un ERE para extinguir 35 de sus 161 contratos, para lo que se optó por la fórmula de la prejubilación y se articuló mediante una póliza de renta colectiva, en cuya contratación medió Vitalia, dos de cuyos directivos están imputados.

Entre los 36 prejubilados se incluyeron dos "intrusos", personas que nunca trabajaron en la empresa, uno de los cuales cobraría 104.885 euros y el otro 120.200 euros, a razón de 1.200 euros y 947 euros al mes, según el juez.

Además, en 2010 se le concedió a Acyco una ayuda excepcional de 109.620 euros para mantener 144 empleos a pesar de que la empresa solo tenía 107, cantidad que fue la que le debía la compañía al despacho de abogados que medió en el proceso, uno de cuyos letrados también está imputado.

Respecto al Antonio Fernández, al que imputa como viceconsejero antes de que accediera a la consejería, el juez afirma que, "sin que mediara solicitud de ayuda por parte de la empresa y con total ausencia del procedimiento legalmente establecido, conoció y autorizó" la firma del protocolo que aprobaba la ayuda a la empresa.

El juez también asegura que Fernández también conocía la presencia de los intrusos, mientras que a su sucesor en el cargo, Agustín Barberá, le imputa la concesión de la ayuda de 109.000 euros porque "se hizo bajo presupuestos falsos, ya que se había pedido para el mantenimiento de 144 puestos de trabajo, cuando en realidad era para el abono" a los abogados que les asesoraron.







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