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Debate de investidura

La investidura fallida de Rajoy hace correr los plazos para nuevos comicios

El 31 de octubre expira el plazo preceptivo para la convocatoria electoral.

Efe. Madrid Actualizada 02/09/2016 a las 21:30
Segunda votación de la Sesión de Investidura

La investidura fallida de Mariano Rajoy en la segunda votación celebrada este viernes en el Congreso hace correr los plazos rumbo a unas nuevas elecciones que deberían convocarse para el 25 de diciembre, día de Navidad, salvo que una reforma exprés de la Ley Electoral permita adelantar esta fecha.

A tenor de los términos en los que esta semana se ha producido el debate de investidura por ahora no parece muy probable que pueda haber un acuerdo que facilite otra investidura a Rajoy en los casi dos meses que faltan para que el 31 de octubre expire el plazo preceptivo para la convocatoria electoral.

Los dos meses preceptivos comienzan a contarse desde el miércoles pasado, cuando tuvo lugar la primera votación para la investidura de Rajoy, de manera que si el 31 de octubre el Congreso no ha investido presidente, las terceras elecciones serán inevitables. La situación vuelve a ser inédita en democracia, con la perspectiva de tres comicios en poco más de un año y con un Gobierno en funciones que ya ha superado todas las marcas.

Entre tanto, para el Rey se abre un nuevo período donde cabe la posibilidad de que abra una nueva ronda de consultas con las fuerzas políticas para evaluar la posibilidad de otra investidura, ya que es al jefe del Estado a quien corresponde proponer candidato, algo que ya hizo con Rajoy.

Existe un precedente sobre los pasos que podría dar a partir de ahora, el caso del socialista Pedro Sánchez, que tampoco logró ser investido en la anterior legislatura. Una vez que Felipe VI tuvo constancia oficial del resultado de la votación, celebrada el 4 de marzo, en la que Sánchez obtuvo 131 votos a favor y 219 en contra, decidió no iniciar inmediatamente un período de consultas para dar tiempo a los partidos para negociar.

De hecho, el Monarca no convocó a los dirigentes políticos hasta el 25 y el 26 de abril, aunque las entrevistas sólo sirvieron para constatar que ningún candidato tenía respaldo suficiente, y el 3 de mayo firmó el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones que se celebraron el 26 de junio.

Sin saber cómo el Rey manejará ahora los tiempos para las consultas convocadas al amparo del artículo 99 de la Constitución, parece altamente improbable que se celebren la semana próxima, puesto que don Felipe tiene ya programada una completa agenda, con actos importantes e inaplazables, como la solemne apertura del año judicial del próximo martes. Además, a diferencia de lo que ocurrió en el período que sucedió a la investidura fallida de Sánchez, ahora hay un hecho muy relevante que puede determinar la posición de las fuerzas políticas y en consecuencia el resultado de unas hipotéticas consultas: las elecciones gallegas y vascas del 25 de septiembre.

Por ello, desde los partidos se da por hecho que cualquier posible novedad relacionada con un acuerdo de investidura no sucedería hasta después de esa fecha. Mientras tanto y ante el panorama de una nueva convocatoria electoral para el mismo día de Navidad, se han producido los primeros movimientos para tratar de evitar esa coincidencia.

El PSOE ve posible acometer una reforma exprés de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), a través de una proposición de ley que redujera de 54 a 47 días el plazo que cuenta desde la convocatoria electoral hasta la fecha de los comicios y al mismo tiempo rebajar de quince a siete días la campaña electoral.

El Gobierno ha dejado claro que no obstaculizaría esta posible modificación legal, que al cambiar una ley orgánica exigiría un amplio consenso y que debería estar aprobada por el Congreso y el Senado antes de la fecha límite del 31 de octubre.

Podría conseguirse así que las terceras elecciones se adelantaran al 18 de diciembre, aunque según advierten fuentes del Ejecutivo, la reforma comporta el riesgo de que si alguna formación ve perjudicados sus intereses por el acortamiento de plazos pueda acudir al Tribunal Constitucional.







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