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Cataluña

El Gobierno pide al Constitucional que abra la vía penal contra Forcadell

"No es sólo un desafío institucional, es un desacato al Tribunal Constitucional", asegura Sáenz de Santamaría.

Efe. Madrid Actualizada 29/07/2016 a las 18:42
Sáenz de Santamaría, durante su comparecenciaEfe

El Gobierno ha pedido este viernes al Tribunal Constitucional (TC) que remita a la Fiscalía por un delito de desobediencia la actuación de la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, lo que supone abrir la vía penal ante "el desafío institucional" que entiende que se está produciendo en Cataluña.

Es uno de los puntos del incidente de ejecución que la Abogacía del Estado ha presentado este viernes mismo ante el Alto Tribunal, cuyo pleno se reunirá el próximo lunes para decidir qué medidas adopta ante el "desacato" de la sentencia y del auto que anulan el llamado proceso de desconexión aprobado por el Parlament.

La Abogacía argumenta que la resolución de la Cámara catalana del pasado miércoles contiene como principal novedad la concreción de un "verdadero plan para conseguir la secesión de España".

El Govern ha contestado por medio de la consejera de Presidencia, Neus Munté, quien ha tildado de "inadmisible" la "amenaza" del Gobierno, y acto seguido, ha asegurado que la Generalitat "no se moverá" de la hoja de ruta soberanista que se ha marcado.

El mismo miércoles, tras conocer la aprobación en el Parlament de las conclusiones de un dictamen sobre el proceso constituyente, lo que significa marcar la vía hacia la independencia, el Gobierno avanzó que hoy estudiaría en Consejo de Ministros qué plantear en un nuevo incidente de ejecución.

La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado este viernes del contenido de dicha instancia ante "el delito" apreciado en la actuación de Forcadell, pues ordenó el debate que a la postre dio lugar a la votación de las conclusiones por la independencia. Debido a ese "caso omiso", el Gobierno se ha dirigido al TC para que, a su vez, remita a la Fiscalía unas actuaciones que podrían suponer la apertura de la vía penal.

Ante la relevancia de la posición del Gobierno, ante este "desafío institucional y desacato al Constitucional", en palabras de la vicepresidenta, Mariano Rajoy se ha puesto en contacto este viernes con los líderes del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos para explicarles el contenido del incidente de ejecución. Un texto que consta de tres puntos esenciales, en los que el Gobierno pide al TC que declare nulo y sin efecto jurídico la resolución del Parlament, su suspensión inmediata y la adopción de las medidas oportunas para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia y del auto del alto tribunal.

Dentro de este último aspecto, el Gobierno solicita al TC que se dirija a Forcadell y al resto de los integrantes de la Mesa del Parlament para que se abstengan de "la realización de cualquier actuación tendente a dar cumplimiento" a la resolución impugnada.
Tampoco podrán convocar aquellos órganos que propicien la continuación de lo que se ha denominado "proceso de desconexión".

Según ha indicado la vicepresidenta, se pide al Alto Tribunal que haga el mismo requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los miembros de su Gobierno.

En el incidente se advierte de que el incumplimiento de las decisiones del Constitucional puede conllevar sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros, la suspensión de funciones por tiempo indeterminado e incluso la apertura de la vía penal.
Para Sáenz de Santamaría, la actuación del Gobierno circula por una "vía razonable y proporcional".

Forcadell ha respondido con prontitud a las medidas por las que aboga el Gobierno, y así, ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de pretender "coartar la libertad de expresión" del Parlament". A su juicio, la inhabilitación, si ocurre, sería "profundamente antidemocrática".

Se ha mostrado "convencida", en declaraciones a TV3, de que actuó el miércoles cumpliendo con su deber, y ha expresado su tristeza por que el Estado quiera "frenar" el proceso soberanista "a golpe de tribunal".

En Twitter se han plasmado las reacciones de las autoridades catalanas, como la del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha asegurado que "la democracia en Cataluña no está en funciones", o del vicepresidente y consejero de Economía, Oriol Junqueras, quien, usando palabras muy parecidas, ha advertido a Rajoy de que "la democracia está por encima de todo ahora y siempre".







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