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Inmigración

España expulsó a 10.594 extranjeros en 2015

Según un informe del Defensor del Pueblo sobre la prevención de la tortura.

Efe. Madrid Actualizada 20/07/2016 a las 18:57
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Una de las estancias del CIE de Barcelona.EFE

España expulsó a 10.594 ciudadanos extranjeros en 2015, según un informe del Defensor del Pueblo sobre la prevención de la tortura, que recoge datos facilitados por la Dirección General de la Policía.

Se trata del informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) del Defensor del Pueblo, elaborado tras realizar 62 visitas a lugares de privación de libertad como comisarías, calabozos de edificios judiciales, centros penitenciarios o centros de internamiento de extranjeros (CIE), entre otros.

En este trabajo, que ha registrado esta tarde la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el Congreso de los Diputados, también están incluidas las cifras de detenciones y repatriaciones de extranjeros.

Así, el informe indica que 6.869 personas fueron expulsadas, mientras que 3.725 devueltas, es decir, fueron interceptadas tratando de entrar de forma irregular al país, en total 10.594. De estas expulsiones y devoluciones, 3.133 fueron organizados por la Agencia de Control de Fronteras Exteriores (Frontex) de la UE y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

En concreto, de ellos, 1.463 marroquíes fueron expulsados por Ceuta, mientras que 13 lo fueron por Melilla, en ambos casos por el acuerdo que mantienen España y Marruecos, mientras que 98 de las expulsiones se corresponden a repatriaciones a Argelia en barco y 499 por vuelos internacionales no regulares.

Otras 160 expulsiones fueron a través de vuelos Frontex organizados por España, mientras que 80 lo fueron por estos vuelos, pero puestos en marcha por otros países.

El informe también refleja el número de ciudadanos extranjeros internos en CIE en 2015 que ascendía a 6.930, de los que han sido expulsados 2.871, lo que supone que un 41,43 % ha permanecido en España, una cifra inferior a la del año anterior que fue de 47,45 %.

La institución, por otra parte, vuelve a insistir en que en muchos de los centros de privación de libertad de corta duración visitados -por ejemplo comisarías o calabozos- los sistema de vigilancia no permiten la grabación de imágenes, lo que dificulta una adecuada investigación interna o judicial en el caso de que se produzca un incidente. Además, apunta que en algunas dependencias no hay presencia constante de agentes de custodia en calabozos.

Respecto a los centros de privación de media duración visitados, los CIE, la institución destaca que sigue sin prestarse asistencia psicológica y psiquiátrica a los internos y ha observado deficiencias en sus historias clínicas, entre otros aspectos.

En cuanto a los centros penitenciarios, también reitera la importancia que tiene para la prevención de la tortura y los malos tratos la existencia de sistemas de videovigilancia en todas las zonas comunes y espacios "críticos", como las celdas de sujeciones mecánicas.

Además, algunas de estas dependencias tampoco contaban con asistencia sanitaria permanente y no se habían cubierto todos los puestos de trabajo por las "restricciones presupuestarias".

Respecto a los centros para menores infractores, la institución subraya que la mayoría de los internos dijo sentirse "adecuadamente" y ayudado por sus educadores.

Sobre estas dependencias, el Defensor ha recomendado mejorar la información que se facilita a los menores a su ingreso y ha podido observar que los abogados de oficio no visitan a los internos, un hecho "que debería subsanarse".

Asimismo, la institución ha detectado varias deficiencias en la aplicación de los medios de contención, mantiene que el sistema de videovigilancia de algunos centros no es acorde con el MNP y que en algunas instalaciones debe mejorarse la seguridad.
 







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