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Corrupción

Rato insiste en que está siendo sometido a una investigación inconstitucional

Solicita el sobreseimiento de la pieza que investiga los pagos percibidos tras su paso por Telefónica y Lazard.

Efe. Madrid Actualizada 18/07/2016 a las 22:16
Rodrigo Rato acude a declarar ante el juez, en una imagen de archivo.Chema Moya

El ex director gerente del FMI Rodrigo Rato insiste en que está siendo sometido a una investigación prospectiva, prohibida por la ley y por el Tribunal Constitucional, pese a haber "demostrado" que los hechos por los que fue detenido en abril de 2015 eran "falsos y erróneos".

En un nuevo recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, el exministro reitera que su caso es "una inquisición general" basada en hipótesis, por lo que solicita el sobreseimiento de la pieza que investiga los pagos percibidos tras su paso por Telefónica y Lazard.

Rato alega en su escrito la violación de derechos fundamentales y explica que las conductas que se le atribuyen no son delictivas, sino una "interpretación maliciosa" de pruebas, como el contrato suscrito con Lazard del que alertó la Unidad Central Operativa (UCO).

Por ello, carga contra la "caza de brujas", expresión con la que define un procedimiento en marcha por presunto blanqueo, corrupción entre particulares y varios delitos fiscales, y que percibe indicios de una posible administración desleal en la concesión de créditos por Bankia a ciertas empresas durante su presidencia.

Las sospechas recaen en Newcoval, creada por la inmobiliaria del banco, Bankia Habitat, y el grupo Aedifica, a las que el exministro introdujo en la operación del nuevo campo de fútbol del Valencia C.F.

Según las pesquisas, el entonces presidente de la entidad habría ocultado su participación en algunas de las empresas que componen Aedifica -Habitats del Golf, Habitats del Garraf y Terrenis Beguda Alta- y que recibieron varios créditos de Bankia.

Sobre este extremo, Rato afirma que declaró todas sus participaciones en sociedades, "sin excluir ninguna". Además, señala la UCO, este participó activamente en los consejos que aprobaron tales créditos, si bien el exministro insiste en que ninguna de estas operaciones se ejecutó.

Aún así, la Guardia Civil cree que "parte o el total de las cantidades que se aprobaron en el Consejo que presidía Rato" (347 millones de euros a Newcoval y 15 a cada empresa vehicular) llegó a las sociedades en las que participaba.

El Instituto Armado también alertó de presuntas irregularidades en COR Comunicación, según la UCO propiedad de la familia Rato, que suscribió con Endesa servicios de publicidad entre 2008 y 2013 por los que recibió 25,8 millones y que después subcontrató con Media House y Macal por 16,4 y 5,2 millones.

Sobre ello, Rato incide en que no tuvo relación con COR hasta 2014, al tiempo que defiende que era una firma con más de 15 años de existencia que prestaba sus servicios a cambio de una comisión sobre su facturación a los medios, algo habitual en el sector.

Esta línea fue seguida por la ONIF que remitió "una posible ocultación de la titularidad real" y la evasión de 179.458 euros que dieron forma a una nueva pieza a pesar de que la propia fiscal consideró prescrito este supuesto fraude, recuerda Rato. A estos recursos se une el ya presentado por la investigación que involucra a su excuñado, Santiago Alarcó.

El ex vicepresidente del Gobierno se desmarca de esa pieza abierta "posiblemente por Guide Bridge Capital", empresa que, según la UCO, facturaba los contratos suscritos por el fondo TPG (Texas Pacific Group), al que Rato asesoraba, por los activos inmobiliarios transferidos a Sareb.

Una versión que el exministro trató de demostrar con un informe realizado por Bankia del que, mantiene la defensa, "se desprende la total y manifiesta ausencia de participación en el capital social y en los órganos de administración".
 







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