Fernández Díaz dice ser "víctima de un ataque"
Fernández Díaz y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, están en el ojo del huracán por una conversación en la que presuntamente buscan pruebas para incriminar a dirigentes independentistas en casos de corrupción.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha rechazado las múltiples peticiones de dimisión que le han llegado del resto de partidos por sus polémicas conversaciones con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, y se ha presentado como "víctima de un ataque".
A escasos días de las elecciones generales, las conversaciones grabadas desveladas por el diario digital Público han situado en el ojo del huracán a Fernández Díaz y De Alfonso, a quienes la práctica totalidad de partidos ha pedido que dimitan, acusados de fabricar casos de corrupción para desprestigiar al independentismo catalán.
No obstante, Fernández Díaz ha asegurado "rotundamente" que no piensa dimitir: "Yo soy la víctima de este atropello y ataque", ha proclamado el ministro, que ha tachado al independentismo y a Artur Mas de "sepulcros blanqueados y fariseos".
La filtración "se hace de forma editada, sesgada, dirigida y descontextualizada", ha denunciado Fernández Díaz, que ha negado que Mariano Rajoy estuviera al corriente de las conversaciones.
Precisamente, el presidente del Gobierno en funciones ha asegurado que desconocía hasta estas conversaciones y ha garantizado que "jamás" se han filtrado investigaciones policiales desde el Ejecutivo para dañar a un partido: "Yo no sabía quién era el jefe de la Oficina Antifraude ni sabía que existía ese cargo", ha asegurado.
Uno de los primeros en pedir que dimita el ministro ha sido el presidente catalán, Carles Puigdemont, por lo que ha calificado de "GAL mediático" y "guerra sucia" contra el proceso soberanista, mientras que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, los ha tachado de "actos criminales" y de "conspiraciones" de un Estado que ha intentado "falsear la verdad" como ocurrió, ha dicho, tras el 11M.
El presidente de CDC, Artur Mas, que en 2011 fue quien propuso a De Alfonso como director de la Oficina Antifraude, ha aprovechado para pedir el archivo de las querellas del 9N tras la "conspiración" de un Estado "aún con una matriz franquista" y "tics" de la dictadura, que "persigue las ideas independentistas".
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, también ha exigido la dimisión del ministro, de quien ha dicho que se "avergüenza", ha recalcado que "a los independentistas hay que ganarlos con argumentos y no con persecuciones" y ha exigido a Rajoy que proceda a destituirlo porque de lo contrario "se hará a sí mismo responsable de su conducta".
El candidato de Podemos a la Moncloa, Pablo Iglesias, cree que las conversaciones que se han publicado tienen la "suficiente gravedad como para que haya dimisiones inmediatas".
También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado la dimisión de Fernández Díaz si son ciertas las grabaciones y le ha acusado de conspirar contra la oposición, "igual que en Venezuela".
Mientras tanto, el Parlamento cataluña ha activado el procedimiento para destituir a Daniel de Alfonso como director de la Oficina Antifraude a petición de todos los grupos salvo el PPC.
De Alfonso tendrá que comparecer mañana a las 11.00 horas en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, pero, pese a que Junts pel Sí, Ciudadanos, el PSC, Catalunya Sí que es Pot y la CUP quieren su revocación, él no tiene intención de dimitir.
En declaraciones, De Alfonso ha anunciado que irá a dar explicaciones al Parlament, aunque ha advertido de que no existe base legal para que la cámara lo destituya por negligencia y ha avanzado que, si finalmente lo obligan a dejar el cargo, lo recurrirá ante la justicia.
De Alfonso considera "evidente" que su conversación con Fernández Díaz fue grabada por un micrófono oculto colocado en el despacho del ministro y entiende que éste "tiene un problema" en su equipo.
En cambio, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ha apuntado que "lo peligroso es que en España se pueda grabar a una autoridad y publicarlo sin que se escandalice el país".
