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Guardia Civil

Malestar por la condecoración de agentes absueltos por maltrato a un inmigrante en Melilla

Más de cien colectivos sociales han pedido una "explicación pública" al Gobierno por una distinción que "atenta contra los derechos humanos".

Europa Press. Madrid Actualizada 18/05/2016 a las 22:58
Imagen del video difundido por Prodein en la valla de Melilla.

Más de cien colectivos sociales se han sumado al malestar por la condecoración de los agentes de la Guardia Civil de Melilla por parte del Ministerio del Interior tras ser absueltos de un delito de maltrato a un inmigrante.

En opinión de las organizaciones, la condecoración "no solo excede las atribuciones de un Gobierno en funciones", sino que "supone premiar y promover actuaciones ilegales que vulneran gravemente los derechos humanos".

"Esta condecoración sólo puede entenderse como una forma de promocionar una política, un modelo de gestión de fronteras que supone un atentado a los derechos humanos y al Estado de Derecho", han explicado las organizaciones en un comunicado suscrito por oenegés, fundaciones, sindicatos, partidos políticos y universidades.

Los colectivos firmantes no se limitan a condenar la actuación del Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, sino que exigen al Gobierno en funciones "una explicación pública de las razones de semejante distinción en el marco de un Gobierno de interinidad, así como el expreso reconocimiento de la ilegalidad de las devoluciones por la vía de hecho".

A su juicio, las actuaciones condecoradas forman parte de una política migratoria "profundamente inmoral en cuanto que pisotea los derechos de menores de edad, de refugiados, de familias a quienes trata cual desechos; una política que coloca en una encrucijada ética y en una gran inseguridad jurídica a la propia Guardia Civil".

Asimismo, las entidades firmantes recuerdan que "a pesar de que haya jueces que no consideren tales prácticas constitutivas de infracción penal, las devoluciones a Marruecos por la vía de hecho y al margen de cualquier procedimiento que garantice los derechos humanos de las personas sobre las que recae, son prácticas radicalmente ilegales".
 







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