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Fracasa la investidura

¿Y ahora qué?

En los próximos dos meses puede ocurrir que el Rey proponga de nuevo a Sánchez, a un candidato nuevo o que no proponga ninguno.

Efe. Madrid Actualizada 04/03/2016 a las 22:53
La Constitución establece que debe nombrarse un nuevo candidato a ser investido presidente

El fracaso de la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, una situación inédita en nuestra actual democracia, abre una etapa incierta en la vida política española aunque a plazo fijo, porque si antes de dos meses no hay presidente del Gobierno se convocarán nuevas elecciones.

Lo primero que ha hecho el presidente del Congreso, Patxi López, ha sido comunicar telefónicamente al Rey el resultado de la segunda votación frustrada para que, si lo considera oportuno, inicie una nueva ronda de consultas con los portavoces políticos para explorar la posibilidad de proponer un nuevo candidato.

Para ello, el Rey ha convocado a López a una reunión el próximo lunes en el Palacio de la Zarzuela "para hablar del proceso que se abre ahora", en palabras del propio presidente del Congreso.

"Algo habrá que hacer", ha reconocido López a los periodistas al abandonar el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

Aunque la Constitución no marca qué ocurre en estos casos ni obliga al Rey, se espera que Felipe VI convoque esa tercera ronda de consultas, previsiblemente antes de la Semana Santa, porque si espera a después de las vacaciones se habrá perdido prácticamente un mes.

Y es que la primera votación frustrada del pasado miércoles ya ha puesto en marcha el cronómetro del calendario electoral en el caso de que ningún candidato logre la mayoría suficiente en los dos próximos meses.

Si antes del próximo 2 de mayo nadie consigue ser investido, se disolverán automáticamente las Cortes y se convocarán nuevas elecciones generales.

La ley marca un periodo de 54 días desde la convocatoria hasta la jornada electoral, que coinciden exactamente con el domingo 26 de junio, fecha en la que se celebrarían los nuevos comicios generales.

En los próximos dos meses pueden ocurrir tres cosas: que el Rey proponga de nuevo a Pedro Sánchez, un candidato nuevo o que no proponga ninguno ante la certeza de que no cuenta con los apoyos necesarios.

De proponer un candidato lo razonable, visto el precedente del secretario general del PSOE, es que el presidente del Congreso conceda un plazo de varias semanas entre la propuesta del Monarca y el debate de investidura.
Sánchez ha contado con un mes entero -el periodo más largo de la democracia- para intentar sumar apoyos, y ello, a pesar de las críticas del PP y Podemos que reclamaban que López adelantara el pleno.

La convocatoria del pleno de investidura es una atribución exclusiva del presidente del Congreso que fija una fecha de acuerdo con el candidato, como así ha hecho López en esta ocasión protagonizada por el secretario general del PSOE.

Por contra, si el Rey comprueba que ningún posible candidato concita los apoyos necesarios o que los partidos desean ya la convocatoria de elecciones, podría dejar correr el tiempo hasta el 2 de mayo sin proponer ningún candidato.

Con el calendario en la mano, la fecha tope para que Felipe VI proponga un candidato expiraría hacia el 29 de abril para dar tiempo a que se celebre el debate de investidura y si es necesaria una segunda votación no se demore más allá del 2 mayo, fecha en la que se convocarían elecciones si no prosperara tampoco esa investidura.

De no salir adelante, el decreto de convocatoria se publicaría en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente 3 de mayo, para que los comicios se celebren el domingo 26 de junio, 54 días después.

Hoy mismo y antes de conocerse la segunda votación de Sánchez, el Gobierno en funciones ha abogado por aplicar el "sentido común" sobre los pasos a dar en este escenario "inédito" en España y ha defendido la necesidad de ser "todos muy respetuosos con la tarea de cada cual".

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha querido pronunciarse sobre si el Rey debe o no abrir una tercera ronda de consultas con los líderes políticos porque al Gobierno "no le corresponde decidir qué ha de hacerse" tras la votación del Congreso.
En este sentido ha expresado el "máximo respeto institucional" tanto a la Jefatura del Estado como al Congreso de los Diputados.







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