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Educación

El Gobierno pide al TSJC abrir matriculación con el castellano como lengua vehicular

Determina que en Cataluña se imparta como mínimo el 25% de las asignaturas en castellano.

Europa Press. Barcelona Actualizada 06/05/2015 a las 12:23
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La Abogacía del Estado ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que pide abrir un nuevo periodo de matriculación escolar en Cataluña en que se garantice que el castellano sea lengua vehicular el próximo curso, ha anunciado este miércoles la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio.

El recurso ha sido admitido a trámite por la Sección quinta de la Sala de lo contencioso administrativo del TSJC por la "inactividad" de la Generalitat en relación al desarrollo normativo respecto a la Constitución y la LOE que fija el uso del castellano en una proporción razonable para su impartición ordinaria en las aulas, ha indicado el Ministerio de Educación en un comunicado.

Gomendio, en un vídeo enviado por el departamento de Educación, ha detallado que "el problema ha surgido porque, un año más, el formulario de inscripción no contempla una casilla para que las familias puedan elegir el castellano como lengua vehicular".

Asimismo, ha advertido de que para aquellos alumnos que manifiestan que su lengua es el castellano desde la Consellería de Enseñanza catalana "se les indica que recibirán atención individualizada", una medida que, según ha recordado la 'número dos', "va contra la normativa vigente".

Fuentes del ministerio han explicado que este departamento no le dice a Cataluña de qué manera --vía formulario u otra-- tiene que ofertar a las familias la enseñanza en castellano, sino simplemente que cumpla con este derecho constitucional.

Como medida cautelar, el Gobierno ha pedido la apertura de un nuevo plazo de matriculación escolar en el "que se incopore en su oferta y planificación educativa el uso del castellano como lengua vehicular en una proporción razonable".

Gomendio ha explicado que corresponde a las comunidades autónomas decidir cuál es la "proporción razonable" en la que se imparte el castellano o la lengua cooficial o, lo que es lo mismo, qué materias se imparten en castellano y qué materias en lengua cooficial.

Una asignatura más en castellano

Por primera vez el Gobierno establece esta proporción en el 25 por ciento como mínimo, conforme a una sentencia del TSJC, que equivale a que sólo una asignatura troncal más, además de Lengua castellana, se imparta en castellano. "Entendemos que éste es el mínimo que se debe ofertar", ha advertido Gomendio.

La secretaria de Estado ha recordado, además, que la "gran mayoría" de las comunidades autónomas con lengua cooficial --País Vasco, Galicia y Baleares-- ha resuelto de forma "pacífica" esta cuestión, mediante sistemas integrados --bilingües o trilingües-- en los que reparten las asignaturas que se dan en cada una de las lenguas.


Castellano como una lengua extranjera

Según Gomendio, en Cataluña hay un sistema de inmersión lingüística que "por sí mismo no plantea ningún problema", pero que "se ha llevado al extremo" pues sólo se imparte castellano en la asignatura de Lengua castellana, "dándole el mismo tratamiento que a la lengua extranjera".

El ministerio ha insistido en la voluntad del recurso no es la de desplazar al catalán, ni acabar con el sistema de inmersión, sino que el castellano esté integrado en la oferta educativa de los centros públicos en una "proporción razonable".

Además, recuerda que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, han declarado "reiteradamente" el derecho a que el castellano se utilice como lengua vehicular en el sistema educativo de Cataluña.

Frente a la posibilidad de que Cataluña no ofertara plazas suficientes en la enseñanza pública con el castellano como lengua vehicular, el Gobierno estableció en la disposición adicional 38ª de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que el Gobierno de esta comunidad les pagara una plaza en un centro privado.

Este dinero lo debía adelantar el Gobierno y se lo descontaría a Cataluña de la financiación autonómica, pero todavía no lo ha hecho. Fuentes del Ministerio de Educación han explicado a Europa Press que tiene contabilizadas un total de 368 instancias solicitado educación privada en castellano, que la Dirección general de Evaluación y Cooperación territorial está estudiando.







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