El PSPV-PSOE pide penas de prisión de tres años y seis meses para los exdirigentes del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra y Cristina Ibáñez por delito electoral continuado, y un año y medio de cárcel para la extesorera del PP Yolanda García por delito electoral.

Así consta en el escrito de acusación provisional que el PSPV-PSOE, que ejerce la acusación popular, ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en relación a las piezas 1, 2 y 6 del caso Gürtel, sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular valenciano.

Los socialistas circunscriben el delito electoral únicamente a los políticos, mientras que para los supuestos cabecillas de la trama Gürtel, como Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Francisco Correa o Cándido Herrero, piden penas de cárcel de en torno a quince años por falsedad documental y delito contra la hacienda pública.

Asimismo, para los empresarios imputados en esas piezas piden penas de un año y seis meses de prisión por falsedad documental, según consta en el escrito en el que solicitan asimismo la apertura de juicio oral.

El PSPV considera constatado en las piezas 1 y 2 -sobre supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de falsedad documental en las generales de 2008- que se produjeron ingresos y gastos en el PPCV que no fueron declarados como correspondía, ni presentados al Tribunal ni a la Sindicatura de Cuentas.

El escrito de los socialistas valencianos indica que los gastos electorales del PPCV se abonaron por dos vías: una ajena al circuito económico legal y otra a través de facturas, de forma que el partido disminuía el débito que tenía con Orange Market mediante "ingresos directos que terceras entidades" hacían a esa mercantil por contratos y prestaciones nunca realizados.

En la pieza 6 -sobre supuestos delitos contra la Hacienda de Orange Market-, el PSPV considera que las actuaciones investigadas en las dos piezas anteriores han tenido una repercusión fraudulenta tanto a nivel tributario como fiscal, no solo en Orange Market, sino de forma concreta en su administrador, Álvaro Pérez.

Respecto a los políticos imputados, los socialistas consideran autora de un delito electoral continuado a la exgerente del PPCV Cristina Ibáñez e inductores de ese mismo delito al exsecretario regional Ricardo Costa, al exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla y al vicesecretario regional David Serra.

Para todos ellos, piden pena de cárcel de 3,5 años y multa de 30.000 euros, mientras que a la extesorera del PP Yolanda García le atribuyen un delito electoral y le piden año y medio de prisión y multa de 15.000 euros.

En lo que se refiere a los supuestos cabecillas de la trama, el PSPV considera que son autores de delitos contra la hacienda pública y falsedad documental, y pide quince años de prisión para Álvaro Pérez El Bigotes, Pablo Crespo y Francisco Correa, mientras que para Cándido Herrero pide doce años y para el trabajador Ramón Blanco seis años.

Además, reclaman multas para Álvaro Pérez de 7,8 millones de euros, y de 6,8 millones para Crespo y para Correa, a los que hay que sumar 2,2 millones por responsabilidad civil conjunta y solidaria entre los dirigentes de la trama, mientras que para Herrero pide multa de 5,4 millones, más 1,8 por responsabilidad solidaria.

A los diez empresarios imputados, entre los que figuran Enrique Ortiz, Vicente Cotino y Rafael Martínez Berna, el PSPV pide penas de año y medio de prisión por delito de falsedad en documento mercantil, y multa de seis meses con cuota de 50 euros.

El PSPV pide además que testifiquen los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Cristóbal Páez, y la exvicepresidenta del Consell Paula Sánchez de León, entre otros.