La Operación Enredadera se salda en total con 32 arrestados en 13 provincias

La mayoría de los detenidos son funcionarios de una trama que se infiltraba en las administraciones públicas para facilitar contratos irregulares a cambio de comisiones.

Agentes de la Guardia Civil protegen la salida de un vehículo de la sede de la Diputación de Sevilla.
La Operación Enredadera se salda en total con 32 arrestados en 13 provincias
R. Caro/Efe

La cascada de escándalos de corrupción que se suceden regularmente dieron ayer un paso cualitativo con la operación policial ordenada por la juez Mercedes Alaya, la misma que instruye el caso de los ERE. Por primera vez sale a la luz una trama casi íntegramente formada por funcionarios corruptos que amañaban contratos a cambio de las clásicas mordidas, un fenómeno hasta ahora poco frecuente en España.


La denominada Operación Enredadera -derivada de la Operación Madeja- se saldó con el arresto de 32 personas en 13 provincias españolas y siete comunidades autónomas. La Guardia Civil cree que los detenidos formaron una red de "funcionarios corruptos" que facilitaban la concesión de contratos públicos a la empresa Fitonovo a cambio de sobornos. El grueso de los arrestos tuvo lugar en Andalucía, aunque la red extendió sus tentáculos a varias autonomías. Más allá del volumen de detenidos, lo que llama la atención es que casi todos tienen el mismo perfil en común: funcionarios y personal técnico vinculado a los servicios de carreteras de la Administraciones Públicas y con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y que por tanto estarían alejados de la primera fila.


Fitonovo es una de las empresas con las que mantenía relaciones el que fuera director del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla Enrique Castaño, cuyo patrimonio personal ascendió de manera considerable y sin justificar después del concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla SA.


Múltiples dádivas o regalos


Del informe patrimonial realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza como dinero o vehículos. Esto ya provocó que en julio y diciembre de 2013 se iniciasen nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de esta empresa.


Del análisis de la información incautada en aquella investigación la Guardia Civil averiguó que la dirección de Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, "habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos" que les facilitaban dicha contratación.


A su vez crearon una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos. Precisamente ayer la juez Alaya citó en su Juzgado a los empresarios de Fitonovo, a los que les comunicó la ampliación de los delitos que se les imputan. Durante la cita en el Juzgado, la magistrada hizo alusión a un supuesto pago de 85.000 euros que Fitonovo habría realizado a Antonio Miguel Ruiz Carmona, actual vocal en la empresa pública Lipasam del Ayuntamiento de Sevilla y que se encuentra entre los detenidos ayer.


En la legislatura anterior, Ruiz Carmona desempeñó el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el anterior mandato cuando dicha área era responsabilidad del primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU). El pago al que hizo referencia Alaya se habría realizado en una caja de zapatos antes de las elecciones municipales de 2011.


Además de las detenciones se llevaron a cabo una decena de registros, incluyendo la Diputación de Sevilla y la sede de la empresa Fitonovo en Canarias. En Gran Canaria fueron detenidos un delegado de la empresa Fitonovo en las islas, que tenía su sede en el municipio grancanario de Arucas, y un exconsejero de Residuos, Actividades clasificadas y Emergencias del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz de Coalición Canaria en la institución insular, Sergio Machín.


En la provincia de Jaén


En Jaén fue arrestado el segundo teniente de alcalde del municipio de La Carolina, Cristóbal Pérez, que aglutinaba las concejalías de Servicios, Deportes, Festejos, Turismo, Comercio, Vivienda, Asociaciones No Vecinales, Relaciones Institucionales y Sanidad.


Los agentes de la Guardia Civil efectuaron un registro en el que se incautaron de información relacionada con la empresa Fitonovo y se centraron en el ordenador del detenido. El alcalde del municipio, Francisco Gallarín, explicó que el Consistorio carolinense ha tenido tres obras con la referida empresa; una de ellas, el césped artificial del campo de fútbol, en el mandato anterior, y las otras dos, una pista de pádel y el patio de un colegio, en el actual.


También en Jaén fueron arrestados un jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación Provincial y un técnico de Fomento. En Granada se arrestó a una mujer de 39 años, exempleada de Fitonovo. La Guardia Civil detuvo también a Carlos Gamito, asesor jurídico de Fitonovo, y a un jefe de Sección de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura.