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Operación Púnica

Granados entra en prisión por corrupción y pertenencia a una organización criminal

Así lo considera el juez, quien le acusa de haber usado la trama "en beneficio propio". Su socio David Marjaliza también ingresa en la cárcel de Soto del Real.

Efe. Soto del Real Actualizada 01/11/2014 a las 13:51
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El exconsejero madrileño Francisco GranadosEfe

El exconsejero madrileño Francisco Granados y su amigo y socio David Marjaliza han ingresado a las 18.03 de este viernes en la prisión de Soto del Real, tras ordenarlo así el juez Eloy Velasco, que sostiene que ambos eran cabecillas de la trama de corrupción destapada en la operación Púnica.

Granados y Marjaliza han entrado en la cárcel madrileña en un furgón de la Guardia Civil horas después de que Velasco acordara enviar a ambos a prisión incondicional después de interrogarles.

El dirigente del PP ha comparecido durante unas dos horas en la Audiencia Nacional, donde ha respondido a las preguntas de la fiscal Anticorrupción y el juez, quien, tras escucharle, le ha enviado a prisión sin posibilidad de fianza imputado de siete delitos de corrupción y uno de pertenencia a organización criminal.

Por su parte, Marjaliza, que se ha negado a declarar ante el juez, es considerado "la cabeza de un amplio entramado empresarial núcleo de una organización criminal", así como "centro" de una "amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades".

Velasco considera en su auto de prisión que Granados formó parte de la trama de corrupción municipal y regional destapada en la operación Púnica y que la usó "también en beneficio propio".

El magistrado afirma que en la investigación se han identificado varias operaciones inmobiliarias que podrían haber sido en realidad una contraprestación a Granados por parte de empresarios que recibieron adjudicaciones gracias a su mediación.

Reseña que Granados es titular de "algunas de las cuentas" en un banco suizo que las autoridades helvéticas entendieron sospechosas de blanqueo de capitales "agravado".

Añade que hay indicios de que, a lo largo de su carrera pública, Granados podría haber beneficiado a Marjaliza y otros empresarios, como el imputado José Luis Huerta (de la empresa Waiter Music), en materia de contratación pública y urbanismo.

Según fuentes de su defensa, Granados ha negado durante su declaración que haya tenido negocio alguno con su amigo de la infancia Marjaliza, y ha asegurado que no poseía influencia en la concesión de contratos públicos de la Comunidad de Madrid y de ayuntamientos de la región.

Prisión para Marjaliza


El juez también ha mandado a prisión a Marjaliza, considerado por el magistrado como la "cabeza de un amplio entramado empresarial núcleo de una organización criminal", así como "centro" de una "amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades".

Este empresario se aprovechó presuntamente, según el juez, de sus "amplias relaciones personales y políticas para lograr las adjudicaciones irregulares tanto para sus propias empresas como para terceros, recibiendo una comisión por su actuación".

Marjaliza creó esa "compleja" red empresarial para evitar que sus sociedades se vincularan con las contrataciones públicas irregulares, que el detenido conseguía gracias a la ayuda de "autoridades públicas y funcionarios corruptos".

El magistrado también ha tomado declaración a otros tres detenidos: el guardia civil que avisó a Granados de que estaba siendo investigado y dos empresarios.

El agente es José Manuel Rodríguez Talamina, que "puso en grave riesgo la investigación y ha dificultado severamente la marcha de la misma" al filtrar información a Granados y Marjaliza sobre la instalación de una cámara de vigilancia en una de sus empresas, apunta el juez.

A los dos empresarios, Víctor Manuel Ortega Martínez y Manuel Casado del Castillo, los ha puesto en libertad con fianza de 6.000 euros por haber actuado de interlocutores entre miembros del Ayuntamiento de Collado Villalba y la empresa Cofely, que pagó comisiones por adjudicaciones en este municipio.

El juez ha concluido así la toma de declaración de 32 detenidos, de los cuales ha mandado a 7 a prisión sin posibilidad de fianza, a otros 13 a prisión eludible bajo fianza, mientras que ha dictado libertad bajo fianza a 4 y ha puesto en libertad con cargos a otros 8.

Además de Granados y Marjaliza, han ingresado en la prisión madrileña de Soto del Real sin fianza el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP); el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP), uno de los supuestos cabecillas de la red y "conseguidor" de contratos públicos, Alejandro de Pedro; la "mano derecha" de Marjaliza, Ana María Ramírez, y un directivo de Cofely, Pedro García.

De los diez detenidos que permanecían en prisión eludible con fianza, han salido ocho de ellos, de manera que solo quedan en la cárcel el empresario José Luis Huerta (300.000 euros de fianza) y el jefe de gabinete de la alcaldía de Parla Antonio Borrego (60.000). 







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