La Fiscalía de Madrid pide 4 años de prisión para Flores por cinco homicidios imprudentes

Solicita penas de entre dos años y medio y cuatro años de cárcel para catorce de los procesados.

Miguel Ángel Flores, organizador de la fiesta del Madrid Arena
La Fiscalía de Madrid pide 4 años de prisión para Flores por cinco homicidios imprudentes
Efe

La Fiscalía de Madrid ha presentado este lunes su escrito de acusación en el caso Madrid Arena en el que solicita penas de entre dos años y seis meses y cuatro años de cárcel para catorce de los procesados, entre ellos para el organizador de la fiesta mortal, Miguel Ángel Flores


En el escrito se detallan las peticiones de pena para los acusados por cinco homicidios imprudentes graves, en concurso ideal con dieciséis de lesiones, así como dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional. 


Durante el mes de octubre, las acusaciones particulares han presentado sus respectivos escritos después de que el juez Eduardo López Palop procesara a dieciséis personas, entre ellos el exjefe de la Policía Municipal Emilio Monteagudo, en contra de la Fiscalía. En el caso de los abogados de las víctimas, se reclaman penas de 15 y 20 años de prisión. Para Flores, reclaman 20 años de cárcel por cinco delitos de homicidio imprudente, penados con el máximo de cinco años. 


La fiscal relata en el escrito la cronología de los hechos sucedidos la madrugada del 1 de noviembre de 2012 en el pabellón Madrid Arena, una noche que acabó con el fallecimiento de tres jóvenes y otras dos los días posteriores debido a las avalanchas provocadas por "la aglomeración de personas" en los vomitorios. 


Sobre la actuación médica, la representante del Ministerio Público carga contra los Viñals por faltar a "las normas más elementales de la asistencia médica y sanitaria" a las que tenían obligación como el hecho de no utilizar un desfibrilador ni tratar de obtener el acceso a las vías vasculares ni administrar fármacos, entre otras prácticas. 


Destaca que ambos realizaron "insuficientes y deficientes compresiones torácitas" sobre dos de las jóvenes que llegaron a la enfermería, "omitiendo varias de las actuaciones indicadas para una reanimación cardiopulmonar de calidad". 


En el escrito no se menciona a Monteagudo. Sin embargo, el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, ya solicitó que se levantara su imputación al estimar que el macrobotellón del exterior del recinto no influyó en lo que sucedió en el interior, algo que se debió a la falta de seguridad.


Petición de penas


La mayor pena de la Fiscalía de Madrid se solicita para Flores, con una solicitud de cuatro años de cárcel y una petición de seis años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de empresario u organizador de fiestas. Para el resto de procesados, reclama tres años de prisión. Entre estos figuran, el 'número dos' de Flores, Santiago Rojo, y un empleado de Diviertt, Miguel Ángel Morcillo. 


También se piden tres años de cárcel para el socio y apoderado de Kontrol 34, Carlos Manzanares y Emilio Belliard; el jefe de Emergencias del evento, José Ruiz Ayuso; el coordinador jefe de Seguriber, Juan José Paris; el coordinador jefe de Seguriber, Raúl Monterde; el jefe del equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero; y el vigilante de seguridad de Seguriber, Roberto Mateos, entre otros. 


La misma pena se reclama para Rafael Pastor y Francisco del Amo, encargados de seguridad de Madridec. La Fiscalía solicita para los encargados del dispositivo sanitario, Simón Viñals y su hijo, dos años y seis meses de cárcel por dos imprudencias graves, así como una inhabilitación para el ejercicio de la profesión de médico durante seis años. 


En cuanto a las indemnizaciones, la fiscal pide que se realicen de forma conjunta y solidaria entre los catorce procesados. Para los familiares de Katia Esteban, Cristina Arce, Belén Langdon, y María Teresa Alonso, solicita que indemnicen a los padres con 173.990 euros por el daño moral y a sus hermanos, con cantidades como máximo de 164.500 euros. En el caso de los familiares de Rocío Oña, se pide que se abone a los padres 243.587 euros.