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España

El Gobierno pide al Constitucional que anule la junta electoral del 9N

La iniciativa comenzará este martes, se ha planteado como un incidente de ejecución.

Efe. Madrid Actualizada 06/10/2014 a las 20:09
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Consulta catalana

 La Abogacía del Estado ha pedido este lunes al Tribunal Constitucional, en nombre del Gobierno, que anule la junta electoral de la consulta soberanista del 9N, al considerar que su nombramiento incumple la decisión de suspender de forma provisional el proceso, acordada hace una semana por el mismo tribunal.

La iniciativa, que en principio no entrará en el pleno que el TC comienza el martes, debido a que no da tiempo a tramitarla, se ha planteado como un incidente de ejecución por el incumplimiento de la suspensión de la Ley de Consultas catalana declarada por el Constitucional en una de las dos providencias dictadas el pasado lunes día 29.

Sobre este proceso que se está viviendo en Cataluña, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha garantizado este lunes que la Fiscalía actuará de oficio "sin ningún género de dudas" y "respecto de cualquier persona" que cometa un hecho que esté tipificado en el Código Penal.

En cumplimiento de las instrucciones dadas por el Gobierno, el Abogado del Estado ha impugnado este lunes ante el Constitucional el decreto de nombramiento de los miembros de la comisión de control de consultas catalana (junta electoral), firmado el pasado 2 de octubre por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en relación con la convocatoria soberanista del 9N.

El decreto impugnado efectúa los nombramientos de los miembros de la comisión de control de las consultas populares no refrendarias en consonancia con el acuerdo de designación aprobado por el pleno de la Cámara, sin los votos de PPC, PSC y Ciutadans.

La comisión de control de las consultas es un órgano equivalente a una junta electoral pensado para supervisar este tipo de referendos que puedan ser convocados y no únicamente el del 9N, y la forman siete juristas y politólogos.

Tras recibir el escrito de la Abogacía del Estado, el Constitucional dará ahora traslado a las partes personadas en el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Consultas para que informen sobre la petición de nulidad hecha por el Ejecutivo central, es decir, pedirá sus alegaciones al Parlamento catalán y a la propia Generalitat.

El conflicto se plantea en torno a si los nombramientos realizados por Mas suponen un desarrollo de la Ley de Consultas, suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional (TC) junto al decreto de convocatoria del referendo soberanista previsto para el 9 de noviembre.

Dado que ahora el Constitucional deberá estudiar el escrito y, después de escuchar a las partes, resolver sobre el asunto en reunión del pleno, fuentes del tribunal han indicado que la resolución no será inmediata.

El Parlamento catalán ha enviado este lunes al Tribunal Constitucional (TC) el escrito de recusación de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, y del magistrado Pedro José González-Trevijano, con la intención de que ambos no participen en las deliberaciones relativas a la ley catalana de consultas.

La Cámara ha informado en un comunicado de que esta petición de recusación ha sido enviada por fax y por mensajero, cumpliendo con la solicitud conjunta de los portavoces de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP, aunque sobre las 14.00 fuentes del TC indicaron que a esa hora no se había recibido tal petición.

Sobre el proceso soberanista, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha explicado este lunes que se está examinando "cuidadosamente" cada uno de los actos que se están produciendo desde que el Tribunal Constitucional suspendió la consulta soberanista del 9 de noviembre.

Torres-Dulce ha subrayado que el trabajo de la Fiscalía se está desarrollando con la "máxima imparcialidad y el máximo rigor jurídico" para que no se produzca en Cataluña "la consumación de un acto delictivo", en referencia a la posibilidad de que la Generalitat continúe adelante con la consulta.

El fiscal ha insistido en que no actuará "ni antes ni después", sino en el momento en que detecte que cualquier institución o miembro de la sociedad civil comete un hecho que esté tipificado en el Código Penal.







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