La Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado "íntegramente" el recurso de súplica presentado por la defensa de José Bretón, contra el auto de ejecución de su sentencia con la pena de 40 años de prisión, dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial cordobesa, al considerar que esta sentencia es "firme", un recurso, cabe recordar, que fue impugnado por la Fiscalía y por la acusación particular ejercida por Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José. 

Según reza en el auto, el juzgado ordena que se ejecute la sentencia y asegura que "tal pretensión no puede ser estimada porque la sentencia es firme y el artículo 988 de Ley Procesal ordena proceder a su ejecución, sin que corresponda a este tribunal la facultad de suspender dicha ejecución por la interposición de recurso de amparo que ni siquiera se ha interpuesto, al venir atribuida tal facultad al propio Tribunal Constitucional (TC)". 

Del mismo modo, pide la destrucción de la mesa de metal que Bretón utilizó para la comisión de los delitos, según establece el auto de ejecución de la sentencia, un objeto que la defensa solicitó que se entregara a los padres del condenado, por ser los legítimos propietarios. 

Sobre esta petición, la acusación manifiesta que no tiene inconveniente de que se devuelva la mesa a sus propietarios y la Fiscalía se muestra interesada en que permanezca depositada en el Servicio Común de Piezas de Convicción y, subsidiariamente, que se proceda a su entrega a la familia del condenado. 

Por su parte, la defensa interpuso el recurso "hasta que se pronuncie sobre la suspensión el Tribunal Constitucional (TC)", órgano judicial al que prevé recurrir la defensa en el mes de octubre, tras la sentencia del Supremo, que desestimó su recurso de casación. Respecto al TC, se fundamentará en la "vulneración de derechos fundamentales" que supuestamente se ha producido contra Bretón. 

En concreto, este recurso se presentó "para que el amparo no perdiera su finalidad, según la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ)", aseguraron desde el despacho de la abogada Bárbara Royo. 

La Fiscalía lo impugnó al defender que se ejecute el dictamen judicial en este caso, que el Tribunal Supremo (TS) confirmó el pasado mes de julio, y la acusación consideró que la petición que contiene es "ilegal", dado que Bretón "está cumpliendo condena y este tipo de solicitud se pide cuando el condenado no está en prisión", señaló la letrada, Reposo Carrero. 

Del mismo modo, subrayó que "el resto de la ejecutoria por Ministerio de la Ley exige su cumplimiento, así como la entrada en prisión, que en este caso ya está ejecutado y sólo se prorroga la situación de prisión", con lo cual entiende que "el recurso no puede prosperar, pero sí se hace daño".