El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado prisión provisional eludible con fianza de 200.000 euros para el exconsejero valenciano Rafael Blasco, condenado a ocho años de cárcel por el denominado caso Cooperación.

Según informa el TSJCV, el tribunal da a Blasco 48 horas para depositar la fianza y durante ese tiempo se le prohíbe salir de España y se le retiene el pasaporte.

El exconsejero de Solidaridad del Gobierno valenciano fue condenado el pasado 28 de mayo a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad, por el desvío de fondos de la Generalitat concedidos en 2008 para cooperación al desarrollo en Nicaragua.

El fiscal pidió ayer el ingreso en prisión del exconsejero y, si el tribunal rechazaba esta medida, una fianza de dos millones de euros.

El Tribunal considera desproporcionada la cantidad solicitada por las acusaciones -a la petición del fiscal se adhirió la Generalitat y la acusación popular- al no tener "base alguna" para pensar que llegue a tener un patrimonio suficiente para prestarla.

En caso de que pagara la fianza, Blasco quedaría obligado a comparecer semanalmente ante el Tribunal y cuantas veces fuera llamado, y un solo quebrantamiento de esta obligación determinaría su inmediato ingreso en prisión, señala el auto.

Los magistrados reconocen que Blasco ha estado en libertad provisional y ha dado "estricto cumplimiento" a todos los llamamientos de la Sala, aunque recuerdan que tiene otras piezas abiertas ante la misma Sala.

A diferencia del resto de condenados por el caso Cooperación, Blasco ha sido el principal promotor de los hechos y ello le confiere "un especial dominio" de lo ocurrido y una serie de contactos y relaciones que podrían facilitar una eventual elusión.

Añade que su vinculación política con la Comunitat Valenciana "ha quedado rota" tras su cese (la semana pasada dejó su escaño en Les Corts Valencianes), y que no se le ha encontrado un especial patrimonio "acorde a la posición que cabe presumirle", lo que hace pensar "en alguna suerte de ocultación" y "algún intento de elusión" de la acción de la Justicia.

Este temor no llega al extremo de aconsejar su prisión inmediata e incondicional pero sí que justifica la imposición de una fianza, que señala en 200.000 euros, según el auto.