El PP quiere que los militares presten servicios en la Administración Civil
Los sindicatos critican esta propuesta, que se vota hoy en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados.
El Congreso de los Diputados trabaja estos días en sacar adelante el Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público. Este martes la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas conocerá una de las enmiendas más polémicas enmarcadas en este proceso, la que pretende que el personal militar de carrera opte a trabajos de la Administración Civil, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Los sindicatos consideran "intolerable" esta enmienda y ya han mostrado su rechazo. En Aragón, según los últimos datos oficiales disponibles, trabajan 8.976 militares. En toda España, este sector de la Administración Pública asciende a 122.344 personas.
El PP ha realizado esta propuesta a través de una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público. "El personal militar de carrera [no afectaría a tropa] podrá prestar servicios en la Administración Civil en los términos que establezca cada Administración Pública en aquellos puestos de trabajo en los que se especifique esta posibilidad, y de los que resulten adjudicatarios, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad", especifica el texto registrado en el Congreso por el PP.
La incorporación de los militares a la Administración Civil "estará sometida a la condición de la previa autorización del Subsecretario de Defensa" y deberán contar, como requisito imprescindible, "con al menos 20 años de servicios".
Las retribuciones a percibir serán las "básicas que les correspondan en su condición de militares de carrera y las complementarias correspondientes al puesto de trabajo desempeñado" y se les aplicará en materia de jornadas, vacaciones, permisos y licencias la normativa propia de la Administración Civil.
Los sindicatos, muy críticos
"Cuando leímos la enmienda nos preocupamos", admite Paco Caramillo, presidente nacional del Sector de Administración Central y Seguridad Social del sindicato CSI-F. "No sabíamos qué entidad tenía la medida y decidimos hablar con la Administración", añade el responsable sindical.
Estas fuentes oficiales les comunicaron, según explica Caramillo, que el Gobierno no pretendía con esta medida que la incorporación de militares a la Administración Civil fuera "masiva", sino que era una forma de "regularizar" una situación que ya se da desde hace años.
"Ahora hay militares que ocupan lo que se llaman puestos de difícil cobertura, como trabajos de vigilancia en cuencas hidrográficas o forestales, y lo que se pretende es normalizar esta realidad", abunda Paco Caramillo. No obstante, este miembro de CSI-F afirma que el sindicato vigilará la aplicación de esta medida. "Estaremos observantes si finalmente sale adelante", concluye.
"En Aragón, los sindicatos y la DGA hemos hecho un ejercicio de responsabilidad y consenso para sacar adelante la ley de Función Pública de Aragón (equivalente regional al Estatuto Básico del Empleado Público) y el PP con esta enmienda, que tiene toda la pinta de haberse presentado con nocturnidad y alevosía, ha realizado un desprecio mayúsculo a todos", sostiene Ignacio Aguar, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Aragón, que considera que esta ley "es de otros tiempos".
Para Raúl Olmos, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., la enmienda del PP "es una barbaridad" porque puede implicar la "militarización de parte de la Administración". A juicio de Olmos, los elementos más importantes y censurables de lo que propone el PP son que establece una "apertura total", con lo que "cualquier militar puede acceder a cualquier administración", y que aunque los militares que accedan a un puesto civil adquirirán las condiciones laborales de este (en materia de jornada, permisos, licencias y vacaciones), "seguirán perteneciendo a la carrera militar con lo que ello implica: no se podrán manifestar, ni afiliar a sindicatos, etc."
Preocupación entre los funcionarios de prisiones
Comisiones Obreras teme la incorporación de militares a sectores como los cuerpos de policía local, Protección Civil o Instituciones Penitenciarias por las consecuencias que esto pudiera tener.
Así, la sección sindical de CC.OO. en Instituciones Penitenciarias afirma que la incorporación de militares a las cárceles españolas "sería un retroceso" cuyas consecuencias "serían desastrosas" e incluso podrían violarse normas de derecho internacional en materia penitenciaria.
