La Consejería de Hacienda controlará hasta el último céntimo de gasto del gobierno y todas las consejerías deberán rendir cuentas semanalmente. En una estrategia de prácticamente intervención de todo el Ejecutivo, el consejero de Hacienda, Javier Campoy, anunció ayer en las Cortes la creación de una unidad de control de gestión para "una supervisión y coordinación continua de la gestión presupuestaria". Además, será la encargada de autorizar todos los gastos. Solo quedarán eximidos los de personal y financieros, la enseñanza concertada, la dependencia y el IAI, las subvenciones de competitividad y empleo y los fondos finalistas europeos.

El resto será sometido constantemente a revisión y deberá justificarse su necesidad con un único objetivo: cumplir el déficit del 1% a final de año tras el fiasco de 2013, cuando Aragón incumplió y se desvió en 254 millones. Además, se crearán tres subcomisiones para cercar aún más cualquier exceso de gasto. Todas deberán también rendir cuentas al consejero. La primera se centrará en racionalizar y optimizar el gasto corriente a través de medidas de ahorro y de ingresos. Se pondrán en marcha en los próximos meses subastas para vender patrimonio (todo está a la venta).

La segunda subcomisión afectará al gasto social y, especialmente al sanitario, donde se localiza el principal agujero y que exige "más control que ninguno" además de un "ritmo suave", según Campoy. Una tercera buscará mejorar los retornos de las inversiones y priorizar las estratégicas.

En el capítulo de ingresos, mantuvo su rechazo a aumentar la presión fiscal y centró su objetivo en mejorar la capacidad de recaudación con "mecanismos de alerta y mejora de la inspección tributaria" que no concretó.

"Estas tácticas disciplinarias presupuestarias para controlar el gasto" formarán parte del plan de ajuste que el consejero deberá enviar a Madrid un mes después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se celebre. Se complementarán con "otras medidas de corrección" que no aclaró. De hecho, tampoco cifró el recorte final que Aragón tendrá que asumir ?fió prácticamente todo a un mayor control y gestión del gasto porque "hay margen de mejora"? y aseguró que será "una cantidad pequeña" que se corresponde con "el déficit estructural" procedente de sanidad. Insistió en que no se recortará el gasto social.Cumplir el déficit, prioridad

El consejero de Hacienda negó el desfase de 254 millones del déficit (del 1,3% autorizado al 2,06%) e insistió en que Aragón "no ha cumplido por escasamente unas décimas" (la DGA solo reconoce 1,5%). No obstante, insistió en que sus prioridades son la consolidación fiscal, la estabilidad presupuestaria y una mejora de la financiación autonómica que se comenzará a negociar en breve. También recurrió, durante su intervención, al argumento de la herencia recibida y al "despilfarro" de los anteriores gestores socialistas. Pese al incremento de la deuda durante estos años, rechazó el endeudamiento puesto que "hipoteca el futuro" e insistió en que no recurrirá al Fondo de Liquidez Autonómica.

Más allá del déficit, Campoy pintó un panorama económico de la Comunidad favorable alentado por los últimos datos del paro (no hizo referencia a la EPA), que aseguró "no son casualidad, sino fruto del saneamiento de las cuentas y de la reactivación económica". Sobre el resto de políticas de su departamento, el consejero, que tendió la mano a la oposición, anunció que en un Consejo de Gobierno próximo aprobará la ley de función pública y en unos meses, la de subvenciones.