Los cargos públicos no podrán aceptar estas Navidades regalos que superen los "usos habituales, sociales o de cortesía", según se recoge en el Título II de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que entrará en vigor este miércoles tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según figura en el preámbulo de la ley, su objetivo es que los ciudadanos "cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad".

Esta norma, que el Congreso aprobó definitivamente el pasado 28 de noviembre con el apoyo del PP y los nacionalistas de CiU y PNV, cuenta con moratorias para su entrada en vigor. Así, la parte relativa al buen gobierno entrará en vigor este miércoles mismo, pero la parte referente a transparencia y acceso a la información pública, pospone un año su entrará en vigor.

Igualmente, los órganos de las comunidades autónomas y entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta ley, que durante la tramitación parlamentaria ha ampliado su ámbito de ampliación a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.

Además, señala que el Consejo de Ministros aprobará, en el plazo de tres meses, un Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que se encargará de "promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno".

Buen gobierno, en vigor desde este miércoles

La parte relativa al buen gobierno entra en vigor este miércoles, una vez que este martes se ha publicado la norma en el BOE. Así, recoge una serie de principios generales y de actuación, entre ellos, desempeñar sus funciones con transparencia, no valerse de su posición en la Administración para "obtener ventajas personales o materiales" o gestionar "adecuadamente" los recursos públicos.

Otro de los principios es el de que no aceptarán "para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones". "En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional -prosigue el texto- se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Publica correspondiente".

En ese capítulo la norma consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario.

Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por ejemplo, se impondrán sanciones a quienes comprometan gastos, liquiden obligaciones y ordenen pagos sin crédito suficiente para realizarlos, o no justifiquen la inversión de los fondos. Se trata, añade el texto, de un "mecanismo de control fundamental que evitará comportamientos irresponsables y que resultan inaceptables en un Estado de Derecho".

La comisión de las infracciones previstas dará lugar a la imposición de sanciones como la destitución en los cargos públicos que ocupe el infractor, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones muy graves no puedan ser nombrados para ocupar determinados cargos públicos durante un periodo de entre 5 y 10 años.

El PP prohibirá las donaciones de empresas a los partidos

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha confirmado este martes que el Gobierno tiene decidido prohibir las donaciones de empresas a partidos políticos y que esta será una de las medidas que se incluyan en la futura Ley Orgánica de Control de la actividad político-económica de los partidos.

Así lo ha asegurado Alonso en una rueda de prensa en la Cámara Baja, horas antes de que el Pleno del Congreso debata la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que persigue, precisamente, eliminar las donaciones de personas jurídicas a formaciones políticas.

Alonso ha avanzado que su grupo votará en contra de la tramitación de la propuesta socialista porque, si bien está de acuerdo con su contenido, la considera "parcial". Por eso, prefieren no facilitar la tramitación de la iniciativa del primer partido de la oposición y esperar a que el Gobierno envíe la suya.

En este punto, ha recordado que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió a hacer público antes de fin de año el paquete de nuevas medidas anticorrupción en la que se incluirá la supresión de las donaciones de empresas.

Tras un proceso de "maduración"

Para el portavoz del Grupo Popular, esa nueva normativa que tendrá que tramitar las Cortes garantizará un "sistema de financiación suficiente, transparente y con controles" e irá, por tanto, mucho más allá de la propuesta puntual de los socialistas, que juzga "francamente insuficiente" y que achaca a la intención del PSOE de "mantener un discurso político".

Desde su punto de vista, PP y PSOE han llegado a la conclusión de que las empresas no pueden donar dinero a los partidos porque tanto los partidos como la sociedad han "madurado" en los últimos tiempos y ahora tienen claro que, si las empresas no se pueden afiliar a las formaciones políticas, tampoco pueden financiarlas.

También Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ve "con buenos ojos" la idea de prohibir las donaciones de empresas pues, según ha recordado su portavoz, José Luis Centella, apuestan por la financiación pública de las formaciones políticas.

Sobre esta misma cuestión se ha expresado su homóloga del PSOE, Soraya Rodríguez, pero en su caso para apuntar que "no se entendería" que el PP no apoyara su proposición escudándose en que el Gobierno tiene voluntad de elaborar su propia propuesta en este mismo sentido. De hecho, ha comentado que el debate de ambas iniciativas, la del PSOE y la del Ejecutivo, podrían acumularse.