La sentencia del Prestige ha soliviantado este jueves a la clase política y distintos colectivos sociales por injusta y decepcionante al no determinar responsabilidades por los daños causados tras el hundimiento del petrolero en noviembre de 2002 frente a las costas gallegas.

El tribunal del Prestige hizo pública ayer la sentencia tras diez años de instrucción y nueve meses de juicio oral, y absolvió al exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y al capitán del barco, Apostolos Mangouras, de los delitos contra el medio ambiente, y sólo condenó a este último a nueve meses de prisión por desobediencia.

Mangouras, que reside en Atenas, se encuentra "bien" y su familia "feliz" y "aliviada" por este fallo, mientras que López-Sors lo ha recibido con la convicción de que en el Derecho español "parece inevitable culpabilizar a un funcionario del Estado" para que, "si se lograra su condena, el Estado respondiera subsidiariamente".

"No debe ser verdad que hasta las cosas ciertas puedan probarse" es la frase con la que arranca la sentencia del Prestige, basada en la imposibilidad de probar los hechos y la no intencionalidad o mala fe (dolo) por parte de los tres acusados.

La marea negra causada por el hundimiento del petrolero -63.000 toneladas de fuel vertidas- afectó a 2.980 kilómetros de costa, a 1.137 playas, 450.000 metros cuadrados de roca se impregnaron de chapapote, 526 toneladas de fuel se depositaron en los fondos de la plataforma continental, y hubo una mortalidad estimada de 115.000 a 230.000 aves marinas, entre otras afecciones.

El fallo exime además al Estado de sufragar los gastos por los daños originados y supone que los españoles, especialmente los gallegos, no puedan resarcirse de unos daños morales que la Fiscalía valora en 1.212 millones de euros, del total de pérdidas provocadas por el hundimiento del petrolero que se cifraron en 4.328 millones.

El trabajo en el que se basó el fiscal Álvaro García Ortiz para llegar a estas cantidades fue elaborado por un equipo de la Universidad de Santiago coordinado por la profesora María Loureiro, quien ha resaltado en una entrevista con Efe la importancia de contabilizar estas "cuestiones intangibles".

García Ortiz está estudiando detalladamente la sentencia para determinar si cabe o no recurso a la misma, una medida que sí impulsará la asociación ecologista Arco Iris, que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que, indica, interrumpiría la tramitación de otro tipo de recursos de tipo civil.

En este sentido, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña, Francisco Javier Sanz Larruga, sostiene que, una vez dilucidada la responsabilidad penal y al margen de los recursos que se puedan presentar a la sentencia, el proceso puede continuar su rumbo judicial y dirimir eventuales responsabilidades civiles que puedan plantear los afectados.

En este caso, podrían acceder a la vía civil los afectados que no cobraran los anticipos del Estado en concepto de indemnización por los daños del Prestige, puesto que quienes sí los hubieran recibido renunciaron en su momento a recurrir a un proceso judicial contra el Estado, y solicitar las indemnizaciones a cargo del Fondo Internacional de Indemnización de Daños (FIDAC).

El FIDAC, el debido a la Contaminación por Hidrocarburos, ha pagado en indemnizaciones 120 de los 151 millones a abonar a los afectados por la marea negra, una cantidad que era la máxima establecida en 2002 por contaminación de hidrocarburos, pero la catástrofe del Prestige hizo revisar esta normativa y en la actualidad esa cifra rondaría los mil millones.

Incluso se podrían pedir responsabilidades administrativas al entender que, tras la intervención de la Administración del Estado en el accidente mediante el Sistema Nacional de Respuesta por Contingencias Marinas, se causaron daños por una actuación defectuosa o falta de adecuación de las medidas adoptadas, y alegar un funcionamiento anormal del servicio de seguridad marítima.

Por el momento, el movimiento ciudadano Nunca Máis estudia recurrir la sentencia pues, según su abogado, Pedro Trepat, el fallo es "claramente insuficiente", "contiene lagunas y omisiones" y, tras él, los responsables "podrán volver a irse de cacería y adoptar decisiones con criterios meramente oportunistas y políticos".

Por su parte, el letrado Ramón Sabín, representante de la mayoría de cofradías de Galicia, Asturias y Cantabria afectadas por la catástrofe, cree que "casi es seguro" que no recurrirá la sentencia.

El Gobierno del Principado la analizará "con detenimiento" y "buscará todas las alternativas" para paliar íntegramente los daños causados por la marea negra, mientras que el Ejecutivo del País Vasco siente "inquietud e insatisfacción" por el fallo.

Una opinión compartida desde la Xunta de Galicia, donde su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado la "gran decepción" entre los ciudadanos porque "nadie se haga responsable de los gastos ocasionados por el accidente del Prestige".

Desde el Ejecutivo central, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha pedido que se acate la decisión judicial "aunque discrepe de nuestras pretensiones", mientras que el colectivo Jueces para la Democracia cree que hay que depurar responsabilidades políticas por el siniestro.

También a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, "le llama la atención" que sean los ciudadanos los que tengan que pagar la factura de los destrozos del petrolero.