Fiscalía acusa a Fabra de mediar en el caso Naranjax

El fiscal acusa al expresidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de mediar para conseguir agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones de productos fitosanitarios para la empresa Naranjax dirigida por Vicente Vilar entre los años 1999 y 2002, mientras que la defensa del exdirigente 'popular' niega las acusaciones y asegura que Fabra sólo tenía interés por lo que afectara a la provincia de Castellón, "cualquiera que fuera su naturaleza".

Así, en el escrito de acusación del ministerio público, leído en la primera sesión del juicio contra Carlos Fabra, que ha comenzado en la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón, se señala que el expresidente de la Diputación medió con varios ministerios y se reunió con responsables políticos para conseguir la licencia para la producción y comercialización del fitosanitario Abamectina (ABAC), principal producto de las empresas controladas por Vilar y su exmujer, que se aprobó el 18 de octubre de 1999.

Además, el fiscal afirma que entre 1999 y 2004 Fabra y su exmujer, Amparo Fernández, "realizaron un elevado número de operaciones bancarias en las cuentas de las que eran titulares, tales como ingresos en efectivo, mediante cheque o transferencia, así como cobros en efectivo de cheques y otros pagos en efectivo que no se corresponden "ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados y que fueron ocultados a la Hacienda Pública".

Por su lado, la defensa de Carlos Fabra, niega en su calificación los hechos y que Fabra "se valiera su cargo de presidente de la Diputación para interceder ante ministerios y agilizar la tramitación de productos fitosanitarios". Según esta parte, sólo existía el interés de Fabra "por lo que afectara a la provincia de Castellón, cualquiera que fuera su naturaleza".

En su escrito de calificaciones provisionales, el fiscal solicita hasta 13 años de prisión para Carlos Fabra, una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos fiscales.

Además, solicita para Vicente Vilar cuatro años de prisión y una multa de 600.000 euros, al igual que para la exmujer de éste, Montserrat Vives, ambos acusados del delito continuado de cohecho. Para la exesposa de Fabra, Anticorrupción reclama seis años de cárcel por tres delitos contra la Hacienda Pública, una multa de 860.000 euros y una indemnización de 428.644,5 euros.

Finalmente, para el exenador del PP, Miguel Prim, el ministerio público pide un año de prisión por un delito continuado de tráfico de influencias y cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público.

El juicio por el denominado "caso Naranjax" ha comenzado a las 10.15 Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, en la que se sienta como imputado el expresidente de la Diputación y del PP en la provincia Carlos Fabra, para quien el fiscal pide trece años de prisión.

Después de casi diez años de instrucción, el expresidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón se ha sentado en el banquillo de los acusados junto a su exesposa, María de los Desamparados Fernández, acusada de fraude fiscal por el que la acusación particular y la Fiscalía Anticorrupción reclaman seis años de prisión, una multa de 860.000 euros y una indemnización de 428.644 euros.

En la misma fila de asientos se han situado los otros tres imputados: Vicente Vilar, el empresario que denunció a Fabra, su exesposa Monserrat Vives, a los que Anticorrupción acusa de un delito de cohecho y les pide 4 años de prisión y una multa de 600.000 euros para cada uno, y el exsenador del PP Miguel Prim.

Todavía se desconoce el orden en el que declararán los imputados y los más de 70 testigos y peritos en las sesiones que se prolongarán hasta el 30 de octubre.