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Caso Gürtel

La mujer del exconsejero de Deportes de Madrid declara este lunes

Teresa Gabarra está imputada por participar presuntamente en el blanqueo de dinero de comisiones por adjudicaciones a empresas de la trama.

Europa Press. Madrid Actualizada 16/09/2013 a las 11:36
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El consejero de Deportes, Alberto López Viejo, durante el juramento de su cargo. EFE/ARCHIVO/JUANJO MARTíN

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tomará declaración este lunes como imputada a Teresa Gabarra, esposa del exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, ante la existencia de indicios que apuntan a que participó en el blanqueo del dinero que presuntamente cobraba su marido en concepto de comisiones por la adjudicación de contratos a empresas de la trama Gürtel.

El magistrado desveló en un auto que el matrimonio mantenía una cuenta en el banco Mirabaud & Cie de Ginebra en el que Gabarra figuraba como apoderada, "con facultades para todas las transacciones". El depósito se nutrió de ingresos en efectivo realizados entre julio y octubre del año 2002, en monedas de distintos países, y alcanzó un saldo total de 495.450 francos suizos, 42.394 libras y 46.784 euros.

"Precisamente en esas fechas, Alberto López Viejo ocupaba el cargo de concejal de limpieza del Ayuntamiento de Madrid" y adjudicó a la sociedad Sufi un contrato de limpieza en el distrito de Moratalaz, especificaba el juez. Ruz detallaba, además, que los fondos depositados en la cuenta del Mirabaud fueron invertidos en distintos valores.

Según datos aportados por el banco, el matrimonio retiró en enero de 2008 más de medio millón de francos suizos "para cancelar una hipoteca en España ya que el cliente había avisado de su intención de repatriar una parte de su dinero de un modo discreto".

El auto precisaba que un mes más tarde, se llevaron a cabo por parte de Gabarra y López Viejo diversas operaciones de compra y venta de inmuebles y obtención y cancelación de préstamos hipotecarios. "Se ingresó para el pago de uno de ellos 91.500 euros en efectivo y se transfirió desde una cuenta titularidad de Teresa Gabarra más de medio millón de euros como parte del precio de la compra de un inmueble", añadía.

Operación Arganda

Por otra parte, el juez central de Instrucción número 5 ha citado también para este lunes al exalcalde de Arganda Ginés López, al ex diputado del PP Benjamín Martín Vasco y al propietario de Martinsa Fadesa Fernando Martín Álvarez.

El juez considera que desde el entorno de Correa se habrían entregado dádivas a partir de 2003 al exprimer edil de Arganda y al exdiputado y exconcejal de este municipio Martín Vasco, así como al que fuera responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda en este municipio Juan Fernández Caballero. Ninguno de los cobros o regalos fueron declarados a Hacienda.

Según ha detallado al Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en un informe remitido al magistrado el pasado vienes, la organización de Correa asumió el pago de al menos 486.676 pesetas del viaje de novios del exalcalde, consistente en un crucero.

Además pagó varios gastos relacionados con la organización de la boda de Martín Vasco --la iluminación, el minibus para el traslado de los invitados y las banquetas "de teca" empleadas en la ceremonia-- y su posterior viaje de novios a Estados Unidos y Polinesia.

Martín Vasco recibió también en su domicilio particular de Arganda, una televisión y una mesa para apoyarla de la marca Loewe, cuyo importe total conjunto ascendía a más de medio millón de pesetas. El exdiputado cobró, por otra parte, 5.000 euros, en dos cheques bancarios nominativos emitidos en mayo de 2002 "servicios de carácter profesional, en calidad de procurador de los tribunales, relacionados con conceptos tales como 'Representación procesal', 'Asesoramiento Técnico-Jurídico' y 'Actuaciones ante Notaría y Registros'.

Ruz destaca en su auto la conocida como 'Operación Arganda' consistente en la adjudicación en noviembre de 2004 a Martinsa de una parcela en Arganda del Rey por 77 millones de euros. La constructora vendió un tercio del terreno unos meses después por 73 millones de euros a unas cooperativas de viviendas, según ha detallado la Policía en informes entregados al juez. La UDEF apunta a que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, cobró una comisión por esta operación superior a los 12 millones de euros.







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