Los Centros de Internamiento de Extranjeros serán asistidos por oenegés

El nuevo reglamento de funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que prepara el Gobierno encomienda a las oenegés la tarea asistencial y de ocio de los internos y dejará en manos de la Policía únicamente la seguridad de los CIE, que serán más transparentes y cambiarán de nombre.

El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha explicado, durante una visita al CIE de la Zona Franca de Barcelona, algunas de las líneas generales del reglamento, que espera que tenga un texto definitivo para ser aprobado como real decreto este verano.

Aprobado este verano

La incorporación de las oengés colaboradoras a los servicios asistenciales y de entretenimiento de los inmigrantes pendientes de expulsión, delimitar las funciones de los policías a únicamente las estrictamente de seguridad del centro, que los agentes destinados a los CIE tengan una formación específica en inmigración y aplicar un criterio de transparencia, son tres de las líneas generales del nuevo reglamento.

Ulloa, que ha abierto por primera vez las instalaciones del CIE de Barcelona a un centenar de periodistas que han podido filmar todas las dependencias, ha avanzado que estos centros dejarán de llamarse CIE y el nuevo nombre será Centros de Estancia Controlada de Extranjería (CECE).

El nuevo reglamento, pendiente de elaboración desde 2004, establecerá también el régimen de vida de los internos en los CIE y los hará homogéneos para todos los centros de España, ya que ahora cada uno funciona a su manera.

La normativa, según el secretario de Estado, está pensada para "preservar y garantizar todos los derechos y libertades" de las personas internas, excepto "la libertad de deambulación". "La idea básica es conciliar todos los derechos de estas personas con el régimen de funcionamiento del centro", ha dicho Ulloa, que ha avanzado que el reglamento "atribuirá las tareas asistencial y de actividades a los expertos de las oenegés".

"Pretendemos garantizar una estancia lo más liviana posible a los internos y que para ello el reglamento fijará que haya áreas comunes de esparcimiento y ejercicio y actividades de ocio y cultura", ha explicado Ulloa.

Servicios de los CIE

El secretario de Estado ha defendido que todos los centros cuentan con servicios sanitarios adecuados, que en el caso de Barcelona son atendidos por una doctora y tres ATS, aunque la presencia de la facultativa se limita al horario de mañana y los ATS están de 8 de la mañana a las 10 de la noche.

En horario nocturno, si un interno requiere asistencia se llama a los servicios de urgencias y se traslada al enfermo a un centro hospitalario.

Ulloa ha adelantado que el reglamento dejará abierta la posibilidad de que la asistencia sanitaria de los CECE sea concertada con la sanidad pública, aunque ello dependerá de la voluntad de cada comunidad autónoma.

El secretario de Estado ha negado que en los CIE se practiquen malos tratos a los internos pendientes de expulsión y ha asegurado que todas las denuncias que se presentan son investigadas por las instancias judiciales que fiscalizan el funcionamiento de estos centros.

Campaña por el cierre de los centros

En el caso del inmigrante guineano que falleció el pasado 6 de enero en el CIE de Barcelona, muerte que suscitó el inicio de una campaña para el cierre de estos centros, Ulloa ha recordado que el interno falleció por un infarto y que la investigación interna y judicial no ha encontrado ningún indicio de negligencia, aunque ha reconocido que el caso ha destapado que podría mejorarse el servicio de traducción y la comunicación con los servicios de urgencias.

En este sentido, Ulloa, que ha sustituido a última hora al ministro del Interior, que era el que había anunciado su visita al CIE de Barcelona, ha replicado a los que "hablan de penumbra jurídica" de estos centros recordándoles que están sometidos a la vigilancia de jueces y fiscales.

En la visita, Ulloa ha estado acompañado de la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, y el director general del Cuerpo Nacional de Policía, Ignacio Cosidó.