Bruselas expedienta a España por no transponer las garantías procesales a menores
España, junto a Italia, Luxemburgo, Polonia y Chipre, dispone de dos meses para subsanar las deficiencias encontradas.
La Comisión Europea decidió este miércoles incoar procedimientos de infracción contra cinco países de la Unión Europea, entre ellos España, por no haber traspuesto aún plenamente en sus normativas nacionales las reglas de la UE relativas a las garantías procesales de los menores en los procesos penales.
Además de España, los otros países a los que el Ejecutivo comunitario envió cartas de emplazamiento son Italia, Luxemburgo y Polonia, mientras que a Chipre le remitió un dictamen motivado adicional.
Esta Directiva que Bruselas reclama que se trasponga a los ordenamientos jurídicos de esos países forma parte de la estrategia global de la UE para establecer unas normas mínimas comunes con el fin de garantizar el derecho a un juicio justo y los derechos de los sospechosos y acusados en los procesos penales en toda la UE.
La Directiva establece normas comunes en materia de protección de las garantías procesales para los menores, como el derecho a una evaluación individual, a un trato específico durante la privación de libertad (incluida la separación respecto de los detenidos adultos y el acceso a la formación y a la educación) y a estar acompañados por el titular de la patria potestad durante el proceso.
En los casos de Italia, Luxemburgo y España, se detectaron problemas de exhaustividad, por ejemplo, en relación con el derecho a la información del menor y el derecho a un reconocimiento médico, mientras que Polonia presenta lagunas en lo que respecta al derecho a una evaluación individual y a la asistencia letrada del menor.
En lo que respecta a Chipre, la Comisión concluyó que no cumple el requisito de la Directiva de garantizar un trato específico de los menores en caso de privación de libertad.
Estos Estados miembros disponen de dos meses a partir de ahora para subsanar las deficiencias constatadas por la Comisión.
En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado a España, Italia, Luxemburgo y Polonia, y llevar a Chipre ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
