En diciembre del año 2000 el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió por primera vez las elecciones presidenciales al dictaminar en favor de George W. Bush contra Al Gore. ¿Volverá a estar este año el alto tribunal en el centro de la batalla electoral? El puñado de casos judiciales en los que está implicado el expresidente Donald Trump lo sugieren así, pero por si fuera poco, el Supremo de Colorado, que el martes decidió que su nombre no puede figurar en las papeletas por haber estado implicado en una insurrección, lo ha invocado ya.

Los siete jueces del Tribunal Superior de Colorado han elegido dejar su sentencia sin efecto hasta el 4 de enero, para que el Supremo del país decida si toma el caso y se pronuncie al respecto. Eso le da margen a Trump, que podrá empezar la campaña de primarias con su nombre en las papeletas de todos los Estados, pero da un poder definitorio al tribunal de nueve jueces en los que el propio Trump colocó a tres durante su gobierno. Neil M. Gorsuch, precisamente de Colorado, Brett M. Kavanaugh y Amy C. Barrett se sumaron a Clarence Thomas, Samuel Alito y John Roberts para inclinar la mayoría del tribunal hacia el lado conservador durante décadas por venir. Solo Roberts, nombrado por George W. Bush, ha dado muestras de ser capaz de abandonar la marcada polarización política del país al ponerse del lado del ala progresista en decisiones clave como la que permitió la supervivencia de la reforma sanitaria de Barack Obama.

Los escándalos de corrupción que han salpicado a los jueces del Supremo en los últimos años han mermado la credibilidad del tribunal, que ya quedó marcada por aquella polémica decisión de Bush contra Gore, en la que ordenaron parar el recuento de Florida que daba la victoria a Bush por solo 537 votos. Vacaciones pagadas por multimillonarios que se favorecen de sus decisiones sin que se recusen del caso ni las revelen, cómo ocurrió a Samuel Alito con el inversor Paul Singer, o a Clarence Thomas con un empresario texano. Su mujer, Ginni Thomas, llamó personalmente al jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows para pedirle que refutase el resultado electoral que daba la victoria a Joe Biden. Hay sobradas pruebas de que estuvo involucrada indirectamente en los intentos de alterar el resultado de las elecciones para que Trump pudiera continuar en el poder. Ahora su marido tendrá la oportunidad de ayudarle a volver a la Casa Blanca.

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El Tribunal Superior de Colorado considera que hay "pruebas contundentes e irrefutables" de que Trump participó en la insurrección del 6 de enero en la que sus seguidores asaltaron el Capitolio para impedir la certificación del resultado electoral. Con ello quedaría descalificado para volver a presentarse a un cargo público contra el que se ha rebelado, según la sección tercera de la 14 enmienda constitucional, que rara vez se ha invocado y nunca contra un presidente.

Si la jueza Sarah Wallace denegó inicialmente aplicarla a Trump para vetarle de las papeletas electorales del Estado no es porque considerase que faltasen pruebas de su participación en aquella rebelión, sino porque el cargo de presidente no se cita expresamente en esa cláusula arcaica pensada para evitar que los políticos confederados llegasen al Gobierno tras la Guerra Civil.

Límites

Incentivos sólidos para que el tribunal acepte el caso que ha sido poco escrutado legalmente a lo largo de la historia, ya que en 1872 -solo cuatro años después de que se aprobara la enmienda- el Congreso promulgó una amnistía para los confederados. Jurídicamente tiene sentido que el Supremo esté interesado en clarificar esa cláusula constitucional, solo que en este caso lo único que podría salvar la reputación del órgano sería una decisión unánime como la que anticipan los abogados de Trump. Cualquier otra cosa, en línea con la división ideológica de sus miembros, acentuará la percepción de un sistema judicial politizado y corrupto.

No será esa la única oportunidad del Supremo para decidir sobre las elecciones del próximo noviembre. El fiscal especial Jack Smith, que ha imputado a Trump con cuatro delitos federales por intentar tumbar las elecciones, ha pedido al Supremo que se manifieste de forma expedita sobre los límites de la inmunidad presidencial que Trump alega. El juicio está previsto para el 4 de marzo, por lo que los jueces dieron a los abogados del expresidente hasta ayer para presentar sus argumentos.

Tienen convocada una reunión privada para el 5 de enero. Hay otros casos que pueden influir en el de Trump, como el que presentaron dos de los insurrectos acusados de obstruir un procedimiento de gobierno. El Supremo ya ha aceptado sus apelaciones, que traerán meses de testimonios y, de una manera o de otra, le pondrán en el centro de la disputa.