Chile, 50 años del golpe militar
Hace cincuenta años, el golpe de Estado de Pinochet sumía a Chile en una sangrienta dictadura y una brutal represión.
El 11 de septiembre se cumple medio siglo del golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet contra el Gobierno elegido democráticamente del socialista Salvador Allende y el inicio de una dictadura sangrienta que duró 17 años y provocó más de 40.000 víctimas, entre ellas más de 3.000 asesinados y desaparecidos, incluidos cinco ciudadanos españoles.
Documentos desclasificados por Estados Unidos demostraron el apoyo del Gobierno de este país al golpe sangriento. "Simpatizamos con lo que están tratando de hacer aquí", le dijo el secretario de Estado, Henri Kissinger, que acaba de cumplir 100 años, al propio dictador en una reunión privada en junio de 1976, casi tres años después del inicio de la brutal represión que incluyó el asesinato selectivo de altos responsables opositores en el exilio.
Más de un millar de cuerpos de los desaparecidos nunca podrán ser encontrados porque fueron lanzados al mar o a los lagos más profundos de Chile en los llamados vuelos de la muerte, una práctica criminal utilizada de forma generalizada por la dictadura argentina a partir de 1976 y, quizá, por la guatemalteca diez años antes, en 1966.
Pinochet, considerado por su predecesor, el general Carlos Prats (asesinado por orden del propio dictador en septiembre de 1974 en Buenos Aires), como un general constitucionalista, murió en 2006 bajo arresto domiciliario sin responder de sus crímenes ante la justicia a pesar de las 300 causas abiertas contra él en los tribunales chilenos.
Horas después del inicio del golpe de Estado con la sublevación de la Marina en la ciudad de Valparaíso, el embajador de Estados Unidos, Nathaniel Davis, tal como cuenta en sus memorias, no tenía claro si Pinochet iba a secundarlo. Algunas fuentes aseguran que fue el general Sergio Arellano Stark, uno de sus más estrechos colaboradores en la brutal represión posterior, quien lo convenció dos días antes de la necesidad de encabezar el golpe.
Puño de hierro
El puño de hierro impuesto por la dictadura sangrienta duró años. Algunos responsables izquierdistas o sindicales pasaron a la clandestinidad el mismo día del golpe militar. Víctor Díaz López, secretario general de la Central Única de Trabajadores de Chile y alto cargo del Partido Comunista, no fue detenido hasta dos años y medio después por un comando de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), Policía secreta pinochetista. Durante meses fue interrogado, torturado y su cuerpo, posiblemente aún con vida, fue lanzado al mar, según se pudo corroborar en el juicio celebrado décadas después contra 120 agentes del organismo de seguridad que estuvieron implicados en su caso.
A partir de 1980, Pinochet intentó legalizar su régimen sanguinario con la promoción de una nueva Constitución que concentraba todos los poderes del Estado chileno en su propia figura durante ocho más. En octubre de 1988, un 55% de chilenos rechazó en un plebiscito la continuidad del dictador y obligó a convocar las primeras elecciones democráticas en diciembre de 1989. Pero hasta el 10 de marzo de 1998 el exdictador se mantuvo en su puesto de comandante en jefe del Ejército y, un día después, se convirtió en senador vitalicio. Las primeras querellas contra el poderoso militar fueron presentadas dos meses antes, en enero de 1998.
Durante los primeros ocho años de la democracia chilena, los partidos que se integraban en la coalición ganadora de las elecciones, apenas presentaron un tímido proyecto parlamentario para anular la Ley de Amnistía de la dictadura que impedía avanzar en las investigaciones, y que fue archivado poco después. Democratacristianos y socialistas poco más hicieron aparte de quejarse de los cerrojos de la Constitución impuesta por Pinochet. Varias causas contra el dictador fueron iniciadas en diferentes países, especialmente en España.
Algunos socialistas comenzaron, tras la recuperación de la democracia, a criticar a los familiares de los desaparecidos que exigían investigar el pasado con contundencia. El ya fallecido escritor chileno Luis Sepúlveda, residente en Asturias, me contó en 1998 una anécdota vergonzosa de su viejo amigo, el poderoso senador socialista Carlos Ominami. "Otra vez esas viejas gritando", le vociferó al escritor desde su privilegiado despacho enfrente del palacio de la Moneda, la residencia presidencial. Al mirar por la ventana y ver que se trataba de una manifestación de los familiares de los desaparecidos se lo reprochó. "Esas mujeres son el pasado y Chile necesita mirar hacia el futuro", le espetó el político.
En otro episodio inexcusable, otro importante diputado socialista arremetió contra los familiares: "¿Por qué siguen protestando si ya tienen una pensión?". Ricardo Lagos, que posteriormente sería presidente de Chile, fue insultado y agredido con monedas por decenas de personas que participaban en el velatorio de la inolvidable Sola Sierra, que murió siendo presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.
El poder judicial chileno actuó de forma insultante durante toda la dictadura. Entre el 11 de septiembre de 1973 y los primeros meses de 1979, los principales años de plomo del Gobierno militar, se presentaron 5.000 recursos de amparo y ‘habeas corpus’ en los tribunales. Solo uno fue acogido a trámite, según la investigación realizada por Alejandra Matus en ‘El libro negro de la justicia chilena’, que fue confiscado en Chile el día de su lanzamiento y obligó a exiliarse a la autora cuando ya hacía nueve años que Chile había recuperado la democracia. Servando Jordán, entonces presidente de la Corte Suprema y responsable de la acusación contra la periodista por delito de desacato, había descrito menos de un año antes el movimiento de familiares de desaparecidos como "un grito en el desierto".
El gran cambio de sensibilidad se inició el 17 de octubre de 1998 en Londres. El juez Baltasar Garzón, instructor de las causas emprendidas contra Pinochet en la Audiencia Nacional española a partir de julio de 1996, solicitó la extradición de Pinochet, que se encontraba en una visita privada en la capital británica. La batalla jurídica duró más de 500 días, hasta que el 2 de marzo de 2000 el dictador fue puesto en libertad por motivos de salud.
Pero el Chile al que regresaba había despertado jurídicamente. En agosto de 2000 fue privado de su inmunidad como senador vitalicio por el asesinato y la desaparición de 75 opositores en el norte de Chile, en el llamado caso de la ‘Caravana de la Muerte’. El juez Juan Guzmán lo interrogó, ordenó su arresto domiciliario y la Corte Suprema sobreseyó el caso meses después por demencia del dictador, que tuvo que renunciar a su escaño parlamentario, perdiendo la inmunidad.
Una cascada de querellas persiguió a Pinochet hasta su muerte en 2006. La justicia chilena lo acusó de graves violaciones de los derechos humanos. Los miembros de los operativos de la DINA siempre actuaron bajo sus órdenes, pero Pinochet aprovechó la pusilanimidad jurídica y su avanzada edad para no someterse a un juicio que sí sufrieron varios de sus más destacados colaboradores.
Él fue la X de casos gravísimos como la operación Cóndor, una trama criminal de colaboración de diferentes dictaduras del Cono Sur por el que fue procesado, aunque la Corte Suprema volvió a impedir su condena por motivos de salud. Fue también la X de la operación Colombo, una farsa organizada por sus servicios secretos en las que aparecían 119 asesinados chilenos como víctimas de enfrentamientos entre grupos izquierdistas.
Fue desaforado meses antes de morir por la desaparición del sacerdote español Antoni Llidó, detenido por la DINA en 1975. Otros españoles asesinados fueron el también sacerdote Joan Alsina y el funcionario de un organismo de la ONU Carmelo Soria, por cuyo caso fueron inculpados seis coroneles que admitieron pertenecer al organismo secreto. Soria era nieto del urbanista Arturo Soria, quien proyectó la Ciudad Lineal de Madrid. Su hija Carmen fue muy contundente cuando la entrevisté en Santiago de Chile a principios de 1998: "La postura del Gobierno chileno es hacerle la cama al Ejército y proteger a sus miembros más destacados". Ha habido que esperar hasta el 22 de agosto de este año, es decir, 47 años después, para que el Tribunal Supremo de Chile condenase a los culpables de su secuestro y asesinato.
Otra desaparecida española en junio de 1975 fue Michelle Peña. Estaba embarazada de ocho meses y medio y nunca se supo si su bebé nació. Su madre, Gregoria Peña, que tenía ocho años cuando abandonó España con sus padres tras la derrota republicana durante nuestra Guerra Civil, me contó apenada en 1998 que siempre se sintió culpable de su detención. "Tres días antes nos encontramos tras seis meses de separación. Despisté a quienes me seguían. Estuvimos juntas una hora. La reñí por quedarse embarazada en la clandestinidad. La encontré muy delgada y cansada. Tuve la sensación de que sería la última vez que la vería". Al despedirme, muchos años después me dijo con gran ternura: "Quiero regresar a España, pero primero tengo que encontrar a mi nieto". En 2001, los militares responsables de la detención de Michelle aseguraron que su cuerpo había sido lanzado al mar.
Cuentas secretas
Pero Pinochet también fue un ladrón además de un asesino. En 2004, el subcomité permanente de investigación del Senado de Estados Unidos descubrió movimientos sospechosos en el Banco Riggs de Washington. Estaba todavía muy recientes los atentados del 11 de septiembre de 2001 y los investigadores perseguían los rastros del dinero en la financiación del terrorismo internacional.
La sorpresa fue mayúscula cuando se toparon con 12 cuentas secretas que mantenía el exdictador con más de 21 millones de dólares. La justificación del propio Pinochet de que esa fortuna correspondería a los derechos de autor de sus obras y a su capacidad ahorradora no se sostuvo ni un minuto.
La investigación judicial en Chile del llamado caso Riggs logró probar que Pinochet había desviado seis millones y medio de dólares de los fondos reservados a cuentas abiertas en el extranjero con hasta 27 nombres falsos. Varios generales y coroneles fueron acusados de colaborar en la apropiación indebida de fondos públicos del dictador.
La figura de Pinochet sigue siendo controvertida en Chile cincuenta años después del golpe de Estado y casi 17 años después de su muerte. Una encuesta publicada a mediados de este año desconcertó a muchos especialistas: un 36% de los chilenos creía que los militares tuvieron razón en derrocar al Gobierno del presidente Salvador Allende. Eso significaba un aumento porcentual de 20 puntos en la última década desde el 16% que justificaba la dictadura en 2013. Y un 47% de los chilenos, una cifra cercana a la mitad, opinaba que el régimen de Pinochet fue "en parte bueno y en parte malo". "Esto es un fracaso cultural de los demócratas", fue una de las conclusiones de Marta Lagos, responsable del barómetro. La empresa de opinión llevaba haciendo encuestas desde 1987, en plena dictadura, y jamás el dictador había tenido tan buena imagen, especialmente entre las generaciones que vivieron aquel Gobierno militar.
Tal como era el Chile dictatorial
Me enteré del atentado contra Pinochet en Granada y decidí viajar a Chile. Llegué el jueves 5 de noviembre de 1986 bajo Estado de Sitio y toque de queda y me quedé hasta el 3 de febrero de 1987. Me instalé en el hotel España, a unas calles del palacio de la Moneda. Me acredité ante la Dirección Nacional de Comunicación Social, el organismo de censura y control de los medios de comunicación que emitía el carné de prensa internacional para trabajar bajo aquella dictadura militar y criminal.
Poco después de llegar, en pleno centro de la capital, fui retenido por la Policía militarizada mientras cubría una manifestación no autorizada. Me interrogó el jefe del operativo y a los 20 minutos permitió que marchara. Al día siguiente me encontré al abogado Lucho Toro: "¡Estás vivo!", me dijo. Al ver mi sorpresa me contó: "Todo el mundo te da por desaparecido". Él se había salvado milagrosamente la noche del atentado de convertirse en la quinta víctima de las represalias llevadas a cabo por escuadrones de la muerte de la Policía secreta que querían vengar la muerte de cinco escoltas del dictador. Uno de los asesinados, con más de una docena de tiros en la cabeza, fue el periodista José Carrasco. Al parecer, alguien presenció mi detención y dio la voz de alarma. Tuve que llamar a la embajada de España en Chile y Amnistía Internacional para explicar el incidente y confirmar que estaba en perfecto estado. Días después un amigo me dijo con sorna: "Leí sobre tu desaparición en ‘The New York Times’".
A principios de 1987 empecé un gran reportaje sobre las víctimas de la ‘Caravana de la Muerte’. Viajé al norte, me entrevisté con familiares de las víctimas y fui consciente desde el primer minuto de los seguimientos de la Policía secreta pinochetista. Coincidiendo con la polémica visita de Juan Pablo II en abril de 1987, hace ya 36 años, publiqué mis primeros reportajes en HERALDO DE ARAGÓN: ‘El Chile que el Papa no verá’ y otro sobre las gravísimas violaciones de los derechos humanos.
