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Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos ordena otorgar los mismos beneficios a las parejas gais

La orden afecta a la Seguridad Social y a Asuntos de Veteranos, con limitaciones para gestionar los beneficios de las parejas del mismo sexo.

Efe. Washington Actualizada 09/07/2015 a las 21:43
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Cientos de personas celebran la decisión de los jueces de legalizar el matrimonio homosexual en EE. UU.Efe

El Gobierno estadounidense ordenó hoy a las instituciones judiciales del país otorgar los mismos beneficios matrimoniales a las parejas del mismo sexo, en cumplimiento del fallo del Tribunal Supremo que legalizó los matrimonios gais.

En una declaración emitida hoy, la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, anunció que ha instruido al personal del Departamento de Justicia para que trabaje con las diferentes agencias judiciales "para garantizar que el fallo (del Tribunal Supremo) tenga entero cumplimiento en todo el gobierno federal".

El pasado 26 de junio, el Supremo federal falló a favor de la legalización del matrimonio entre las personas del mismo sexo en todo el país, una decisión que anuló la potestad de los estados para prohibir las uniones entre homosexuales y convirtió el matrimonio gay en un derecho constitucional.

La orden de hoy afecta principalmente a dos agencias del Gobierno que hasta ahora tenían limitaciones a la hora de gestionar los beneficios para las parejas del mismo sexo, la Administración de Seguridad Social y el Departamento de Asuntos de Veteranos.

"Me enorgullece anunciar que los programas clave para veteranos, personas mayores y discapacitados, que hasta ahora no tenían efecto para las parejas que vivían en estados que no reconocían estas uniones, ahora darán reconocimiento federal a todos los matrimonios en todo el país", afirmó Lynch.

Las agencias del Gobierno trabajan en este momento para instruir a sus trabajadores sobre cómo deben implementarse esos cambios.
Este anuncio llega poco más de un año después de que el predecesor de Lynch, Eric Holder, ordenara garantizar los máximos beneficios dentro de la ley a estas parejas, es decir, que se proveyeran en función del estado donde se habían casado y no de dónde residían.

La desigualdad fiscal que provocaba que unos estados reconocieran estas uniones y otros no es una de los mayores injusticias denunciadas por los homosexuales, que hasta ahora no podían presentar en muchos casos declaraciones de la renta conjuntas, reclamar herencias o recibir exenciones de impuestos.

La trascendencia de la histórica legalización del matrimonio homosexual en Estados Unidos va mucho más allá del derecho a casarse, puesto que asegura además el trato igualitario de todos los ciudadanos con respecto a la paternidad legal, el reconocimiento de derechos tras el fallecimiento del cónyuge, o beneficiarse de la cobertura médica de la pareja.

Hasta que se produjo la decisión del Supremo, por cinco votos a favor de la legalización y cuatro en contra, trece estados del país tenían prohibidas las uniones legales entre homosexuales, y en algunos de ellos ha habido tribunales que se han resistido a acatar el fallo.

Lynch calificó en su declaración de "histórica" esa "decisión del Tribunal Supremo (...) de que todas las parejas tienen los mismos derechos de participar en la institución del matrimonio, ya sean sus miembros del mismo sexo o de sexos opuestos".

El Gobierno había defendido abiertamente su postura a favor del matrimonio entre homosexuales después de que en mayo de 2012 el presidente Barack Obama se convirtiera en el primer mandatario de la historia del país en apoyar este tipo de uniones.

En su primera campaña, Obama defendió la derogación de la Ley en Defensa del Matrimonio ("Defense of Marriage Act" o DOMA), promulgada en 1996 por otro presidente progresista, Bill Clinton.
Hace dos años, en otro fallo histórico, el Supremo declaró inconstitucional una parte clave de esa ley, la que impedía que las personas del mismo sexo casadas en los estados donde era legal hacerlo lograran reconocimiento y beneficios fiscales a nivel federal.

Con el último fallo del Supremo, no será posible que en la nación se repita una situación como la que vivió Jim Obergefell, un ciudadano que denunció al estado de Ohio por no reconocer en el certificado de defunción de su marido John Artur -con quien había contraído matrimonio en Maryland-, que estaban casados.







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