UGT y CC. OO. denuncian la precariedad laboral de 200 trabajadores del Centro de Digitalización

HUESCA. Largas jornadas de trabajo con pocos descansos, excesiva rotación en los puestos, presiones para aumentar la productividad y salarios muy bajos. Son algunas de las deficiencias que denuncian UGT y CC. OO. en el Centro de Digitalización de Documentos de la Seguridad Social abierto hace un año en el Parque Tecnológico Walqa. La precariedad de las condiciones laborales de sus 200 empleados se puso de manifiesto el pasado jueves cuando se quedaron en la calle 28 personas que en teoría no habían superado el periodo de prueba, aunque algunos llevaban dos meses trabajando. Los 28 trabajadores son una pequeña parte del centenar que desde febrero de 2009 han pasado por este servicio.

El Centro de Digitalización de Documentos de la Tesorería General de la Seguridad Social está encargado de informatizar 3,5 millones de expedientes en papel de cuatro provincias. Su gestión está privatizada: una unión temporal de empresas (UTE) formada por Fucoda, Indra y Telefónica consiguió el contrato, con una duración de un año prorrogable a dos. Precisamente el 1 de abril comienza el periodo de prórroga.

Los trabajadores denuncian "la mala gestión y mala organización" de la UTE, lo que ha repercutido en el empleo. Fucoda, vinculada a la Fundación Once y que trabaja para Telefónica (solo tiene un 5% en la UTE), cuenta con 120 empleados, que acaban de crear un comité de empresa. Indra tiene contratados directamente a 20, y el resto, unos 60, dependen de empresas de trabajo temporal (ETT).

Las presiones para elevar la producción han llegado a extremos "insostenibles", aseguran los dos sindicatos. "Se ha entrado a veces en una espiral sin límite. El nivel exigido es muy alto, tienen largos periodos de prueba y al final muchos no lo superan", declara Fernando Gállego, responsables provincial de UGT.

Por contra, los sueldos no llegan a 700 euros para el grueso de la plantilla (operarios de almacén y de escáner, grabadores de datos y controladores de calidad). Es el de convenio, aunque "no se corresponde con las exigencias", señala el responsable provincial de CC. OO., José Gabarre. Para él, se trata de salarios "de vergüenza", en unas condiciones "de explotación pura y dura".

Se realizan jornadas continuadas de ocho horas, mañana y tarde. Aunque ahora los descansos han mejorado y hay uno cada dos horas (de 10, 15 y 10 minutos), fuentes del comité de Fucoda indicaron que inicialmente solo había uno de 15 minutos, "cuando estábamos horas visualizando una pantalla".

El comité (cuatro miembros de CC. OO. y uno de UGT) pide sobre todo estabilidad laboral. "Primero queremos mejorar las condiciones y luego ya hablaremos del salario, que debe estar acorde a las exigencias que tenemos". Los contratos, de obras y servicios, tienen un periodo de prueba de tres meses, una circunstancia, dicen, que se está aprovechando para echar gente a la calle, en algún caso a punto de expirar ese periodo. El pasado jueves se prescindió de 28 trabajadores: 13 de Fucoda y el resto de Indra. Algunos llevaban unos días, otros, dos meses.

Por su parte, Fucoda atribuye los altibajos a que se trata de un proyecto piloto y asegura que quien marca el ritmo es la Seguridad Social. Un portavoz de la compañía señaló que "estamos trabajando para mejorar las cosas" y ahora, con la prórroga, "se va a estabilizar el centro". Fucoda tiene un componente social (parte de su plantilla son discapacitados) y no contrata con ETT. Ayer Indra todavía no había contestado a la solicitud de este periódico para explicar su postura.

Las denuncias sobre las condiciones laborales en el Centro de Digitalización han llegado a la Inspección de Trabajo. Los representantes sindicales también han informado de la situación a la Dirección Provincial de la Seguridad Social, aunque el centro depende de Madrid. "La Seguridad Social debería de preocuparse y cuando hace una privatización no dejar a los trabajadores a su suerte", señaló Fernando Gállego. A su juicio, el contrato está suficientemente bien pagado (más de ocho millones de euros) para que las condiciones fueran mejores.