Sin acuerdo político para exigir la devolución de los bienes religiosos

Una sola frase para exigir al Gobierno central que haga posible la ejecución de la sentencia vaticana que ordena la devolución de los bienes dio ayer mucho de sí en el pleno de las Cortes. Para el PSOE y el PAR faltaba una condicional y para Chunta sobraba un adjetivo. Todos hicieron su enmienda, pero el PP no quiso aceptar cambios en la redacción de su moción, por lo que no se aprobó. Aunque ya se ha dado el visto bueno a mociones similares, esta del PP tenía un matiz que fue clave para que se rechazara: y es que la exigencia no estaba supeditada a la voluntad de la diócesis de Barbastro-Monzón. Por ello, PSOE y PAR votaron en contra.

El PP tiene claro que el Gobierno de la Nación tiene que colaborar, "de manera inmediata y con todos los medios diplomáticos y coercitivos a su alcance", en hacer posible que se ejecute la sentencia de la Congregación para los Obispos de Vaticano, que ordena la devolución de los bienes de las parroquias de la Diócesis de Barbastro-Monzón, depositados en el Museo de Lérida. Era el único texto pero para el PSOE y el PAR había que incluir un matiz y es que el Estado tiene que colaborar pero "a instancias de la Diócesis de Barbastro-Monzón como propietaria de las obras".

El PP, a sabiendas de que peligraba su aprobación, no quiso admitir la enmienda. "¿Quién piensa que el obispo de Barbastro va a pedir auxilio al Gobierno central? Los obispos tienen las herramienta para actuar y estamos en esta situación", argumentó el diputado popular, Pedro Navarro.

El socialista Vicente Larred acusó al Partido Popular de hacer "un flaco favor" al litigio al negarse a negociar el texto así como de ningunear a la Iglesia como propietaria. Al mismo tiempo, le advirtió de que se quedaban "solos en el hemiciclo". En este mismo sentido se pronunció la diputada del PAR María Herrero, quien apuntó que la negativa del PP a alcanzar un acuerdo y su empeño en quedarse "solos" impedían que saliera adelante una resolución similar a otra aprobada anteriormente por las Cortes para exigir la devolución.

Por su parte, la portavoz de Chunta, Nieves Ibeas, pidió que se suprimiera la palabra "coercitivos" y apostó por los medios diplomáticos para conseguir este fin, pero tampoco se admitió. Además, acuso al Partido Popular de "mezclar las cosas civiles y religiosas, propio de épocas franquistas".

Por último, Adolfo Barrena, de IU, recordó que nunca han defendido la intervención del Gobierno por ser "un litigio entre particulares". Para él, "el origen de todos los males es el concordato, tanto el franquista como el preconstitucional", por lo que propuso "una ruptura unilateral" del acuerdo.