El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha pedido al Ayuntamiento de Barbastro que reserve una partida para financiar las obras que necesite una vecina en silla de ruedas para poder acceder a su domicilio y a las zonas comerciales del entorno de su vivienda, sita en el pasaje de las Claras.

Esta recomendación es la respuesta de García Vicente a la queja de la barbastrense Celia Carril, jubilada y que padece una enfermedad degenerativa que se basa en la contracción progresiva de los músculos de sus miembros inferiores, lo que le impide andar. Junto a su marido llevan dos años solicitando al Ayuntamiento que cumpla la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

En concreto, piden que se cree cerca de su vivienda una plaza de aparcamiento para minusválidos (existe una en el entorno pero solo tiene 2 metros cuando debería tener 3,30) y que se construya una nueva rampa con menor pendiente y también más próxima que la existente ya que esta se encuentra a 50 metros -cuando la normativa establece que tiene que estar a menos de 25 metros de su casa- y su uso conlleva un peligro de vuelco de la silla.

Sobre la plaza de parquin, el matrimonio lamenta que cuando estacionan encima de la acera al carecer de espacio, “la policía nos denuncia. No pagamos la multa porque recurrimos y se elimina, pero ya tienes que pelearte con los policías y acudir al Ayuntamiento a hacer gestiones”, señala su marido, Luis Cereza.

“Aislada” por cinco escalones

También piden que se supriman los cuatro escalones que dan acceso de la calle al porche del bloque y el escalón para entrar a la casa, ya que en caso contrario no tiene otra alternativa que quedarse en su casa, “aislada de la vida social y con una calidad de vida reducida a la mínima expresión”.

La vecina acudió al Justicia hace casi un año, después de solicitar en agosto de 2008 al Consistorio la construcción de una rampa delante de su vivienda. “Hemos estado dos años esperando a que el Ayuntamiento haga algo y nos han dicho que no había dinero”, afirma su marido. “El Ayuntamiento no nos hace caso y por eso tuvimos que recurrir al Justicia”, añade la afectada.

Asimismo también pide al Ayuntamiento que gestione con el centro comercial Simply, ubicado en los bajos del mismo edificio, que suavice la rampa de acceso al establecimiento puesto que su elevada pendiente del 30% le hace imposible su acceso por sí misma.

Tras recibir la queja, el Justicia solicitó información al Ayuntamiento y al Departamento de Servicios Sociales y Familia de la DGA y, en particular, al Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Eliminación de Barreras, sobre las actuaciones correctoras que debería adoptar el Consistorio. La institución reiteró su petición al Ayuntamiento y a la DGA el 9 de abril de 2010.

El 24 de mayo de 2010, los servicios municipales emitieron un informe en el que se indicaba que ya se había reservado un espacio en la vía pública con su correspondiente señalización con el fin de que la ciudadana afectada tuviera su plaza de aparcamiento adaptada. Asimismo, el Ayuntamiento insistía en que tenía intención de levantar una rampa, pero que carecía de financiación para ejecutar esta obra.

La DGA no contesta

La adaptación urbanística debe realizarse tal y como disponga el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Eliminación de Barreras, dependiente del Departamento de Servicios Sociales del Ejecutivo autonómico, por lo que el Justicia considera “esencial” su informe, pero este órgano no ha contestado.

Por ello, Fernando García Vicente recuerda en su resolución la obligación de la DGA de auxiliarle en la investigación de las quejas que se le planteen.