HUESCA. Las Comarcas de Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza y 11 municipios del área pirenaica aportarán 1,2 millones de euros para los planes piloto de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural puestos en marcha por el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), según aprobó ayer el Consejo de Gobierno de la comunidad.

Con esta decisión, se complementan los dos convenios suscritos entre el Departamento de Medio Ambiente y el MARM para dos de las 13 zonas rurales que se benefician de estos proyectos en Aragón. Por un lado, el de las comarcas de Sobrarbe y La Ribargorza. Y, por otro, el de la zona de la Reserva de la Biosfera de Ordesa y el área de influencia del Parque Natural de Posets-Maladeta, que incluye también núcleos del Alto Gállego.

Las entidades aportarán 600.000 euros a cada uno de los territorios mencionados, a través de las tres instituciones y de los Consistorios de Biescas, Fanlo, Tella-Sin, Torla, Gistaín, San Juan de Plan, Bielsa, Benasque, Sahún y Montanuy. A esa cantidad, en cada sector, se suman los 3 millones aportados al 50% entre el Ejecutivo nacional y el autonómico.

49 millones de inversión

Estas zonas rurales se sumaron en 2009, junto a Somontano, Los Monegros y otras comarcas aragonesas, a los cinco primeros planes piloto de 2008. En total, la comunidad autónoma se beneficiará de una inversión global de 48,8 millones de euros hasta el año 2012, con el objetivo de desarrollar experiencias previas a la plena aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

De esa cantidad, los Departamentos de Medio Ambiente y de Agricultura del Gobierno de Aragón y el Ministerio del Medio Rural aportan 41 millones de euros, y las comarcas mencionadas, 7.800.000.

Con esta inyección se desarrollarán proyectos encaminados a dinamizar la economía en el campo, generar empleo y asentar el actual, y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos gracias al desarrollo de proyectos sostenibles, a la vez que se ponen en marcha experiencias piloto que ayuden a extraer conclusiones previas al desarrollo de la Ley.