Los cinco grupos políticos de las Cortes mostraron ayer su apoyo expreso a la reivindicación de una reversión "justa" para los antiguos propietarios de Jánovas, a los que sacaron de sus casa hace 50 años para construir un pantano que nunca se hizo. El presidente, vicepresidente y un vocal de la asociación de antiguos vecinos, José Manuel Giral, Fernando Sesé y Miguel Ángel Grasa, comparecieron en la comisión de Peticiones y Derechos Humanos para solicitar el respaldo de los partidos a su manifiesto, en el que piden la íntegra devolución de sus bienes, "fueran vendidos o expropiados", la fijación de un precio acorde a la tasación de los peritos y el impulso al plan de desarrollo.

Giral valoró el esfuerzo de las administraciones por impulsar este plan, "pero hay dos puntos en los que no tragamos". El primero, que solo se devuelvan los terrenos expropiados y no las fincas que se vendieron porque las familias no podían subsistir con lo que les había quedado. La segunda se refiere al elevado precio que, aseguran, les exige la actual titular, Endesa.

El presidente de la asociación recordó que, aunque ha habido acuerdos con algunos propietarios, la negociación está bloqueada con la mayoría. "Representan un 13% del territorio y un 1,8% de los expedientes de reversión. Si en dos años solo se ha avanzado en este porcentaje, es que algo pasa", explicó.

Reconoció que la Confederación Hidrográfica del Ebro, "que dice que es un mero tramitador de los expedientes", les ha ayudado mucho en el papeleo, pero le reprochó que consintiera excluir del proceso las ventas "mal llamadas voluntarias" y aplicar al precio el IPC actualizado, lo que multiplica por 30 veces lo que recibieron en su día. "Esas decisiones equivocadas nos han condenado a mantener abierto el proceso de reversión siete u ocho años más". No obstante, mostró su confianza en que el respaldo de las Cortes impulse las negociaciones.

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, recordó que la expropiación se produjo "en una época en la que los temas no se podían exponer aquí y los resolvían las fuerzas de seguridad", pero no entiende que a estas alturas la reversión esté sin resolver. Bizén Fuster, de CHA, apoyó la devolución de todos los bienes porque "cuando a uno le expropian una parte de su hacienda, no le queda más remedio que vender el resto, no puede vivir solo de una parte".

Ana María de Salas, del PAR, espera que las negociaciones puedan culminar pronto para hacer efectiva cuanto antes la devolución. Mientras, el diputado del PP Javier Gamón dijo que no se pueden compensar los daños morales y "la generosidad de los antiguos propietarios está más que probada".

El PSOE, por boca de Javier Sada, abogó por acortar los plazos y por un acercamiento entre las partes, incluyendo todas las fincas y "a un precio justo". "Ha pasado mucho tiempo -concluyó- y no es solo una cuestión económica sino ética y moral".