El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, anunció hoy que los empresarios tendrán de plazo hasta el 31 de julio para regularizar voluntariamente a sus empleados, ya que a partir de esa fecha las sanciones se multiplicarán hasta por cinco.

Esta es una de las medidas incluidas en el plan para la regularización y el control del empleo sumergido, aprobado hoy en el Consejo de Ministros.

En la rueda de prensa posterior al consejo, Gómez insistió en que este plan no supone en ningún caso una amnistía, ya que hasta el 1 de agosto se mantendrán las sanciones establecidas actualmente en la ley por incumplir la obligación de afiliación y alta en la Seguridad Social.

Según la referencia del Consejo, el plan incluye «medidas extraordinarias» de estímulo a la regularización del trabajo no declarado, aunque no especifica cuáles, al tiempo que endurece las sanciones para quien incumpla la norma.La sanciones

En este sentido, el ministro subrayó que transcurrido el 31 de julio, las sanciones se endurecerán muy significativamente, «a veces más del 300 por ciento».

Así, en caso de incumplir la obligación de afiliación y alta en la Seguridad Social, la sanción pasará de los 625 euros como mínimo y los 6.250 euros como máximo que se contemplan actualmente, a multas de entre 3.126 euros a 10.000 euros a partir del 1 de agosto.

En caso de compatibilizar el trabajo con el cobro de prestaciones de desempleo y otras de la Seguridad Social que sean incompatibles, las sanciones actuales -que van de 6.251 euros a 187.515 euros-, serán de 10.001 euros como mínimo y se mantienen los 187.515 euros de máximo.

Para el ministro, este tipo de «anuncios» surten efectos «en positivo».

Al respecto, dijo que hay dos formas de hacer política de estímulo: una, con beneficios, en referencia a las bonificaciones previstas en el Plan de choque aprobado, y otra, con sanciones. Ambas modalidades son las que ha utilizado el Gobierno, precisó.Difícil cálculo

El ministro señaló que durante el proceso de regularización voluntaria del empleo irregular, que va desde la fecha de entrada en vigor de la norma hasta el 31 de julio, las empresas que decidan acogerse voluntariamente deberán comunicar el alta de los trabajadores a la Seguridad Social en el plazo señalado.

Gómez reiteró que es muy difícil calcular el impacto de cuánto empleo sumergido puede emerger con la puesta en marcha del plan, aunque señaló que España no se distingue «especialmente» del resto de los países europeos donde, reconoció, el tamaño del empleo sumergido es «importantísimo».

Recordó que este plan está incluido en los objetivos generales del Pacto del Euro y que los distintos planes se irán desgranando progresivamente en los distintos países de Europa.