España ha vivido desde la restauración de la democracia quince reformas laborales, y en torno a una decena han sido significativas desde que en 1984 se introdujeran por primera vez cambios en el Estatuto de los Trabajadores, la base de la regulación del trabajo promulgada en 1980. Con el modelo europeo siempre por norte, donde los países más sólidos no rebasan la tasa de paro del 10% ni en las peores crisis, las reformas rara vez han sido preventivas. Siempre han tratado de apagar fuegos como las tasas de paro de entre el 20% y el 25%, una temporalidad cercana al 40%, un coste del despido de los más elevados del continente o un desempleo juvenil del 50%. Y a la vista de los resultados logrados hasta ahora, los sindicatos rechazan que este sea el camino.

El Estatuto de los Trabajadores ha sido reformado en 1984, 1994, 1997, 2001 y 2006, y también ha habido cambios en el mercado laboral en 1992, 1996, 2002 y 2009, además de la modificación a la que dio luz verde el pasado jueves.

Las revisiones han provocado varias huelgas generales -alguna con éxito, como la de 1988, contra una reforma que Felipe González 'guardó en el cajón'-, pero a medida que se producían estas convocatorias su incidencia ha sido, como norma general, cada vez más reducida. Hasta el punto de que los sucesivos gobiernos parecen haberles perdido el respeto. Ahora, los sindicatos coinciden en que la reforma de Zapatero es la más agresiva, y por ello consideran más que justificada la huelga del día 29.

Deshacer lo hecho para volver a rehacerlo, bajo el método ensayo-error, ha sido la fórmula utilizada. Un vistazo a algunos de los cambios da idea de la dificultad y de la magnitud de la tarea de homologarnos a Europa.

Finalizar la relación laboral de la forma más barata ha sido una de las grandes demandas de los empresarios. Las reformas realizadas desde 1984 han abordado varias veces el abaratamiento del despido, dirección en la que se ha avanzado en la aprobada el jueves por el Congreso, con la generalización de los colectivos a los que se aplica el contrato de fomento del empleo indefinido -con 33 días de indemnización- y los cambios en las causas objetivas de despido, como la simple previsión de pérdidas por parte de la empresa, lo que se traduce en 20 días de indemnización por año trabajado y por un máximo de 12 mensualidades, frente a los 45 días y 42 mensualidades que regían hasta ahora.

La primera intervención significativa en este capítulo tuvo lugar en 1994, cuando se ampliaron las posibilidades del despido objetivo, que conlleva una indemnización de 20 días por año con el máximo de una anualidad. Aquella modificación costó al Gobierno de González una huelga general.

La precariedad

El mercado laboral español cumplía los estándares europeos de estabilidad hasta que la crisis de principios de los 80, con una tasa de paro del 21%, llevó al Gobierno a generalizar los contratos temporales. Se crearon los de fomento del empleo, de obra o servicio y el de circunstancias de la producción. UGT, el Gobierno socialista y CEOE consiguieron facilitar la contratación, pero a costa de crear un problema que dura hasta hoy: la elevada temporalidad, con consecuencias muy negativas sobre la productividad.

Sobre el paro, aunque la actual reforma no toca la cuantía ni el tiempo de las prestaciones, endurece las condiciones que obligan a los desempleados a aceptar un curso de formación tras el primer mes sin ocupación, frente a los cien días anteriores. El llamado 'decretazo' de González estableció importantes recortes en el cobro del desempleo en 1992. Otro 'decretazo' de 2002, en este caso del Ejecutivo de José María Aznar, sería la causa de otra huelga general. En las medidas para 'racionalizar el gasto en desempleo' se establecía la posibilidad de retirar las prestaciones a los desocupados que rechazaran ofertas de trabajo o de formación que la Administración considerara adecuadas.

Ya en plena crisis, en 2009, el Gobierno mejoró el acceso a los subsidios de desempleo -no confundir con las prestaciones contributivas- y decidió reponer el periodo de desempleo consumido en los expedientes de regulación de empleo.

Finalmente, la nueva regulación ha dado un paso en la homologación con Europa de la intermediación laboral, que se abre a las agencias de colocación con ánimo de lucro. Fue en 1994 cuando se autorizaron las ETT, con importantes controles. Tuvieron un fuerte rechazo sindical, y los frecuentes abusos desembocaron en la intervención del Gobierno, que terminó en 1999 por equiparar los derechos de sus los trabajadores.

La última reforma se medirá con la huelga general del día 29. Los sindicatos UGT y CC. OO. no tuvieron mucho seguimiento en el el acto reivindicativo organizado ayer con el Consejo de la Juventud, pero afirmaron que si el Gobierno no da marcha atrás en la reforma tras la huelga, "tendrá que convivir con un clima de malestar social durante el resto de legislatura".