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La huelga del sector público prevista para el 2 de junio se retrasa al día 8, han acordado los tres sindicatos de la Función Pública, CC.OO, UGT y CSIF-CSIF, para que el Gobierno explique con detalle a qué colectivos de empleados públicos afectará el recorte salarial y también por plazos legales.

Así lo han asegurado los responsables de los servicios públicos y de la ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul; de UGT, Rafael Espartero, y del sindicato de funcionarios CSI-CSIF, Miguel Borra, que han advertido de que habrá más movilizaciones si el Gobierno no reflexiona y rectifica en esta medida que han calificado de "injusta" e "innecesaria".

Fossoul ha dicho que el Gobierno les ha convocado a la Mesa General de la Función Pública el próximo jueves por la mañana, para explicarles las medidas del Real Decreto que afectan al sector público que previsiblemente será aprobado ese mismo día en el Consejo de Ministros.

No obstante, los tres dirigentes sindicales han mostrado su firmeza en mantener las movilizaciones del día 20 por la tarde, para que los empleados públicos puedan acudir con mayor facilidad y las convocatorias reciban más apoyo.

En este sentido, UGT, CCOO y CSI-CSIF han anunciado que el sindicato de Policía ya se ha unido a esta manifestación a la que también están llamadas organizaciones sectoriales, como la Sanidad o la Enseñanza.

"El mensaje es claro. No podemos ser los más débiles los que paguemos la factura de la crisis", ha dicho el secretario nacional de Formación de CSI-CSIF, Miguel Borra, al tiempo que el dirigente de UGT Rafael Espartero ha sentenciado que "rectificar es de sabios y no es posible que antes de ayer pudiéramos sobrevivir y ayer ya no".

Por su parte, Fossoul ha calificado de "ridículo" que el Ejecutivo no contemple un recorte salarial para las empresas estatales que mantengan convenios de negociación colectiva, ya que -ha dicho- todos los ayuntamientos, comunidades autónomas y hasta la Administración General de Estado tienen convenio.

"El Acuerdo para la Función Pública firmado con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, también es un convenio colectivo", ha apostillado.

En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo ha "vulnerado el derecho a la negociación colectiva" y ha advertido de que es "muy difícil" concretar a qué empleados públicos afecta el recorte salarial cuando los Presupuestos Generales del Estado para 2010 no específica colectivos y "todo es sector público".

Asimismo el dirigente de FSP-UGT Rafael Espartero también ha recordado que el acuerdo de la Función Pública firmado el año pasado ya contemplaba un escenario de crisis y una contención de los salarios.

"Nosotros podemos ayudar a salir de la crisis pero no va vamos a ser los únicos paganos", ha añadido.

En la misma línea, el responsable de CSI-CSIF Miguel Borra ha sido contundente al puntualizar que el Gobierno "ha traspasado una línea que ningún gobierno debería haber traspasado" y ha señalado que la respuesta de los sindicatos será "progresiva en el tiempo" hasta que sea necesario.

"Esto no puede ser asumible", ha aseverado, tras mostrarse pesimista sobre que el Ejecutivo de marcha atrás.

Asimismo, los tres sindicatos tienen previsto medidas de presión como recoger firmas de todos los empleados públicos para entregarlas posteriormente en el Congreso de los Diputados.

"Se trata de una movilización sostenida que irá graduándose según el nivel de agresión del Real Decreto", ha dicho Fossoul.