La esperanza de vida de los españoles será determinante en futuras reformas de las pensiones. La nueva regulación de la Seguridad Social, que ayer recibió el visto bueno del Consejo de Ministros, introduce un novedoso elemento, que el Gobierno ha denominado «factor de sostenibilidad», que busca la permanente actualización de las principales variables del sistema, en función de cómo evolucione la población española. Cada cinco años, el Ejecutivo de turno y los agentes sociales (empresarios y sindicatos) revisarán el sistema para corregir posibles desequilibrios derivados de cambios demográficos. De esta forma se conseguirá -esa es al menos la intención- que las próximas reformas sean menos traumáticas que la actual.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, admitió al término de la reunión semanal del gabinete que el anteproyecto aprobado para su remisión inmediata al Parlamento supone «la reforma más intensa de nuestro sistema de pensiones producida nunca». Habrá más, pero el objetivo es que ninguna tenga tanto calado y para eso el Gobierno y los agentes sociales han incorporado un mecanismo que trata de corregir de forma automática posibles desviaciones. Si diera resultado, ninguna otra administración tendría que verse abocada a un panorama como el actual, que muestra un sistema de jubilación difícilmente sostenible a medio y largo plazo.

El responsable de Trabajo rechazó que el Gobierno persiga rebajar el importe de las pagas futuras de jubilación. «Esta reforma no está concebida para se reduzca la pensión de nadie, sino para que se trabaje más y se cotice más». «Habrá menos gastos y más ingresos pero no tiene por qué bajar la cuantía de la pensión». Se trata, en fin, de conseguir «más tiempo de trabajo y menos tiempo de percepción de la pensión», resumió.

Un mes por año

La elevación de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, una de las decisiones más contestadas e impopulares adoptadas por el Ejecutivo, se realizará de forma progresiva de aquí a 2027.

Sindicatos y patronal aceptaron finalmente la propuesta gubernamental de que dicho aumento se haga a razón de un mes por año durante los seis primeros, y de dos meses por año en los nueve años siguientes.

El anteproyecto de ley introduce también un nuevo período de cómputo de la pensión, que aumentará de forma progresiva desde los últimos quince años que rigen en la actualidad hasta los últimos 25 años de la carrera laboral, a razón de un año más cada ejercicio de aquí a 2023. Así, a quienes se jubilen el primer año de entrada en vigor de esta reforma le computarán los últimos 16 años de actividad; a los que se retiren al año siguiente, los últimos 17, y así sucesivamente hasta llegar a 25. Gómez defendió ese «gran salto» y abogó por la ampliación futura «a toda la vida laboral».

La reforma mantiene, sin embargo, la edad mínima para tener derecho al 50% de la pensión, que seguirá fijada en 15 años. Pero harán falta 37 años -y no 35 como hasta ahora- para acceder a la totalidad de la prestación. La otra gran novedad es que con 38,5 años de cotización los trabajadores podrán jubilarse a los 65 años.

Pacto global

Pese al visible cansancio físico de los interlocutores, Gobierno y agentes sociales volvieron a reunirse ayer por la tarde para tratar de avanzar en un pacto global. La negociación se centra ahora en la reforma de las políticas activas de empleo, la negociación colectiva y el desarrollo de la reforma laboral. Además, incluye las nuevas estrategias sobre energía, industria e I+D+I.

El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, expresó su total confianza en alcanzar un acuerdo en cuestión de «días». «Esperemos que sea rápido», subrayó.