El Gobierno advierte que mantener la edad legal de jubilación en los 65 años implicaría recortar o congelar la cuantía de la pensión ante el envejecimiento de la población. "La Seguridad Social solo puede pagar lo que ingresa". "Nuestra propuesta no supone que las pensiones sean más bajas, sino que se paguen más tarde". De esta manera, justificó el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, el deseo del Ejecutivo de alargar la vida laboral hasta los 67 años.

Mientras tanto, los portavoces parlamentarios de la comisión del Pacto de Toledo (acuerdo político suscrito en 1995) se pronunciaron sobre el retraso de la jubilación. La más optimista fue la diputada del PSOE, Isabel López i Chamosa, quien se mostró segura de que "habrá acuerdo político y social". Por el contrario, el más pesimista fue el representante de IU, Gaspar Llamazares. A su juicio, el entendimiento es imposible. Cualquier aproximación de criterios pasaría porque el Gobierno retirara su pretensión.

Granado, tras presentar la evolución de la Seguridad Social en enero, insistió en que la garantía que busca el Ejecutivo no es para ahora, sino para dentro de unas décadas, cuando haya 15 millones de pensionistas que atender. "Si no retrasamos la edad de jubilación es preciso buscar otras alternativas", dijo para recordar a continuación que, por ejemplo, las pensiones en Alemania "llevan cuatro años congeladas". En definitiva, se trata de un plan para evitar que los retiros "sean más bajos".

Sin plazos

El secretario de Estado asumió que la propuesta es "polémica" pero resaltó que es preciso abordarla y no pasar "la pelota" a otros gobiernos, tal y como hizo José María Aznar. Para Granado, es imprescindible afrontar que "vivimos muchos más años y entramos más tarde al mercado laboral". Reiteró que el proyecto del Gobierno se aplicaría durante un periodo de tiempo muy dilatado. En este sentido, subrayó que el documento no recoge plazos para la implantación de la medida y apuntó que el comentario de la vicepresidenta económica Elena Salgado (el pasado viernes), sobre que 2025 era el horizonte para completa el retraso, lo dijo a título de ejemplo.

Ante la posibilidad de que el listón de los 67 años se pueda variar, el secretario de Estado guardó silencio. "La propuesta es un mandato de sus señorías, el Parlamento expresa la opinión soberana del pueblo y el Gobierno cumple", se limitó a añadir al mismo tiempo que resaltaba de nuevo que se trata de un documento para el acuerdo. "Y, nos hubiera gustado -continuó- buscar una relación más flexible entre los diputados y los agentes sociales (empresarios y sindicatos)" que permitiera la negociación a la vez, pero "los grupos minoritarios se quejan de que los agentes sociales hurtan el papel del Parlamento".

Por su parte, los portavoces del PSOE, PP y CiU confiaron en acordar la reforma de las pensiones en el seno del Pacto de Toledo y superar unas diferencias que ahora parecen insalvables. En un acto de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Tomás Burgos, del PP, calificó de "imprevista, imprudente y carente de base técnica", la propuesta. "Supone un recorte total y sin paliativos de las pensiones" aseveró. Para José Sánchez Llibre, de CiU, el Gobierno ha actuado con "frivolidad y de manera precipitada" en cuestiones sobre "las que no se puede jugar".

La socialista López i Chamosa subrayó que "el Pacto de Toledo es consenso y lo seguirá siendo". En su opinión, el documento del Gobierno está "en el buen camino". Muy distinto es el parecer que, sobre el documento, mantiene Llamazares, quien denominó el proyecto como "el pensionazo" y lamentó que su diseño tenga que ver con el miedo que los organismos e instituciones internacionales provocan en Rodríguez Zapatero.

Reforma "valiente y razonable"

Por su parte, el presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), Mariano Rabadán, calificó de "valiente y razonable" que el Gobierno proponga retrasar la edad de jubilación. El progresivo envejecimiento de la población, con cada vez más jubilados y menos trabajadores, hace necesario tomar medidas para garantizar las prestaciones públicas por jubilación en el futuro, "reflexión que estaba en la mente de los agentes sociales desde hace tiempo", sostuvo Rabadán.

A su parecer, el Ejecutivo ha adoptado una reforma de las pensiones "clara y definida, pero que da opciones para debatir", que es la más importante realizada en los últimos quince años y va en la linea de las recomendaciones realizadas tanto por organismos internacionales como por la UE. "Es evidente que al Gobierno le tocaba tomar la iniciativa en este momento", estimó el presidente de Inverco, para quien el Ejecutivo "ha cogido el toro por los cuernos" al proponer elevar la edad de jubilación de forma gradual.

"No se trata de alarmar, pero sí de mentalizar" de los efectos del envejecimiento de la población en las prestaciones futuras de jubilación, "sobre todo a los jóvenes que tienen ante sí un largo horizonte laboral", y que previsiblemente no perciban el 80% de su último sueldo, dijo.

No obstante, Rabadán incidió en que también es necesario adoptar medidas que incentiven complementar el sistema público de previsión tanto con el ahorro privado de los trabajadores como con los sistemas de previsión de las empresas, sobre todo de las medianas y pequeñas.

El dinero en fondos de inversión crecerá un 8% en 2010 y alcanzará los 336.700 millones de euros, según la patronal.