La presencia de los tractores en las calles y carreteras de toda Europa ha logrado que la pesada maquinaria de la Administración europea y estatal pareciera ahora mucho más ligera y las decisiones que en otras ocasiones hubieran tardado meses e incluso años (véase las negociaciones de la PAC) se hayan tomado con una agilidad que sería más sorprendente si no fuera porque las elecciones al Parlamento Europeo son el 9 de junio.

Sea porque los representantes gubernamentales han entendido que es hora de dar respuesta al "hartazgo" de los agricultores y ganaderos, sea porque la cita con las urnas apremia y hay que canalizar el descontento hacia unas u otras siglas, lo cierto es que Bruselas y el Ministerio de Agricultura han reaccionado y han comenzado a anunciar medidas.

Larga es la lista de reivindicaciones que ha exhibido el sector agrario, que ha mostrado su mayor malestar con la ingente burocracia que se ven obligados a cumplir para acceder a las ayudas a la PAC, unas políticas agrarias cada vez más medioambientalistas que tienen su máxima expresión en el llamado Pacto Verde o en la competencia desleal que ejercen las importaciones masivas de terceros países que no están sujetas a los estrictos controles por los que tienen que pasar las producciones europeas.

Bruselas dio los primeros pasos para conseguir que los tractores dejaran las carreteras metiendo en un cajón la ley de emisiones industriales, e incluso la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza ha quedado paralizada después de que varios países ejercieran su derecho a veto tras su ajustada aprobación en el Parlamento Europeo.

Además, la Comisión Europea ha mostrado su disposición a simplificar y flexibilizar la Política Agraria Común, suavizando algunas de sus exigencias ambientales y eximiendo a las pequeñas explotaciones (de menos de 10 hectáreas) de controles y de sanciones relacionadas con los requisitos de condicionalidad.

Ha reaccionado también el Ministerio de Agricultura, que ha presentado a los agricultores un plan de 43 medidas para cumplir las reivindicaciones del sector y acabar con sus protestas.

Donde los avances son más lentos es en la administración autonómica, a la que también se dirigen las exigencias del sector. Ha habido negociaciones entre la consejería y los representantes del sector, pero aún no se ha concretado medida alguna.

MAPA

La respuesta del Ministerio de Agricultura para calmar el clamor de los agricultores y ganaderos en las calles no se ha hecho esperar. Tras las reuniones mantenidas con las organizaciones agrarias y una vez conocida la predisposición de la Comisión Europea y de los ministros europeos a flexibilizar las normas de la Política Agraria Común, reducir la carga burocrática y ser más laxos con las exigencias medioambientales impuestas al campo, el ministro Luis Planas ya tiene plan.

Contiene 43 medidas que están articuladas en torno a siete grandes bloques, que actúan sobre la simplificación y reducción de la carga administrativa y la flexibilización de los plazos en la normativa agrícola y ganadera; abordan cuestiones relativas al comercio internacional de productos agrarios; refuerzan la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria; proponen actuaciones en materia de seguros agrarios; incluyen medidas fiscales, de financiación y laborales; recogen actuaciones de apoyo en sanidad animal y para la ganadería extensiva y plantean iniciativas conjuntas con las comunidades autónomas para reforzar la incorporación de jóvenes a la actividad.

Flexibilidad medioambiental

Así, el Ministerio quiere hacer más flexibles la aplicación de las Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (las llamadas BCAM), pero no habrá tabla rasa, sino que esta medida se aplicará a aquellas prácticas que mayores críticas han despertado en el sector, esto es, las que abordan la gestión de la labranzas (BCAM 5), la cobertura mínima de suelo (BCAM 6), la rotación de cultivos (BCAM 7) y el porcentaje mínimo de superficie agrícola dedicada al barbecho. Unas flexibilidades que además van a tener carácter retroactivo y se aplicarán desde el 1 de enero de 2024, con el objetivo fundamental de que sean efectivas para las solicitudes de ayudas de la PAC que se están tramitando en este momento. Y en los expedientes de 2024 será también más "simple" la aplicación de los ecorregímenes –ayudas a las explotaciones que desarrollen prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente– en cuestiones como la reducción de carga ganadera mínima, el incremento del porcentaje de barbecho y la realización de labores superficiales en cubiertas de leñosos.

Entre las principales medidas se incluye además la exención de controles y penalizaciones de condicionalidad reforzada a las explotaciones que tengan hasta 10 hectáreas, con lo que, según los cálculos del Ministerio, podrán beneficiarse en España 345.000 agricultores, el 55% del total.

El tan criticado cuaderno digital pasará a ser voluntario y se propone a la Comisión Europea que para demostrar el estado de los cultivos para acceder a las ayudas no sea obligatoria la presentación de fotos georreferenciadas. Se flexibiliza además la aplicación del real decreto sobre nutrición de suelos y se establece el principio de inspección única, en coordinación con las comunidades autónomas, para evitar que una misma explotación sea sometida a más de un control de este tipo en un año.

Habrá mayor plazo para la obligatoriedad de disponer de un plan sanitario integral en las explotaciones ganaderas, así como para la identificación electrónica de los bovinos, un sector para el que también se flexibiliza la norma que regula su ordenación.

Comercio con terceros países

Si hay una crítica que se ha escuchado especialmente alta durante las tractoradas es la que hace referencia a la competencia desleal con la que las producciones europeas tienen que enfrentarse por las exportaciones masivas (y a bajo precio) que llegan de países terceros (fuera de las fronteras de la UE).

Mucho se ha hablado en los últimos meses de la necesidad de implantar cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con dichos países para que los productos que de allí procedan estén sometidos a las mismas condiciones de producción que la UE exige a sus Estados miembros.

Las defiende también el ministro. Lo hace incluyendo en su documento de medidas su compromiso a defenderlas en todos los foros comunitarios. Porque, aunque han sido reiteradas las ocasiones en las el ministro ha reconocido la dificultad para implantar esta medida, la revuelta del campo parece haber cambiado las tornas y, según explica Planas, la UE está cada vez más cerca de este objetivo, una larga reivindicación de España y Francia que ahora sí cuenta ya con una mayoría en el Parlamento Europeo. No existe, sin embargo, y eso es un escollo, el apoyo necesario en el Consejo de Europa. Es más, Planas está convencido de que esta medida no podrá implantarse a corto plazo.

Con todo, el plan incluye el compromiso de exigir a los alimentos importados límite cero de residuos de productos no autorizados en la UE y contempla el refuerzo de los controles en frontera de las importaciones.

Habrá además un grupo de trabajo permanente con las organizaciones agrarias para hacer un seguimiento de las importaciones y las exportaciones.

Ley de la cadena y seguros

El plan del Ministerio de Agricultura pone el foco en la Ley de la Cadena Alimentaria, cuya mejora pasa por medidas que reforzarán la capacidad inspectora de la actual Agencia de Información y Control Alimentaria, que se convertirá en una agencia estatal dotada de una mayor estructura, con más medios humanos y materiales para desempeñar sus funciones.

Se actuará además en los seguros agrarios. El ministerio mantendrá el apoyo a la contratación de pólizas y confía en que con la aportación que también hagan las comunidades autónomas se pueda llegar al máximo subvencionable permitido por Bruselas (el 75% de la prima comercial).

Pero Planas quiere ir más allá y quiere buscar consensos con las organizaciones agrarias para garantizar el futuro del sistema de seguros agrarios, más en un contexto como el actual en el que las adversidades provocadas por el cambio climático han disparado en los dos últimos años la siniestralidad y, con ello, el nivel de indemnizaciones de récord a las que han tenido que hacer frente las entidades aseguradoras. 

De cifras y diálogo

También hay cifras entre las propuestas de Agricultura. Planas ha puesto el énfasis en las aportaciones del ministerio para las distintas líneas de apoyo a la financiación del sector agrario, que permitirían movilizar unos créditos por importe de 700 millones de euros.

Habrá una dotación extraordinaria de 20 millones de euros –a los que se suman otros siete para avales en la línea de crédito ICO-MAPA-Saeca, que permitirá movilizar 200 millones en préstamos destinados exclusivamente a jóvenes agricultores, y el ministerio aportará además 50 millones de euros para garantizar operaciones de crédito de entre 100.000 y 200.000 euros que, según sus estimaciones, podrían generar la concesión de créditos por valor de 500 millones de euros.

Se mantiene el tipo reducido para los hidrocarburos de uso agrícola, además de la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 35% en los carburantes y combustibles y del 15% en los fertilizantes. Teniendo en cuenta la actual coyuntura del sector agrario, se establecerá una reducción del 15% en el rendimiento neto para la declaración de la renta por el sistema de módulos.

Planas quiere además hablar con el sector en cuestiones tan transcendentales como la ganadería o el relevo generacional. Para ello, en la primera quincena de abril se constituirá el foro sobre ganadería extensiva, en el que se abordarán los principales problemas y desafíos económicos, sanitarios y de rentabilidad que afectan a este sector.

Y se convocará una Conferencia Sectorial monográfica extraordinaria para debatir con las comunidades autónomas el problema de la necesidad del relevo generacional en las actividades agrarias y elaborar una propuesta conjunta de actuaciones que favorezcan la incorporación de jóvenes a los sectores agrícolas y ganaderos, pero también para analizar y buscar respuestas a un empleo más eficiente de los recursos de la PAC que garantice la continuidad de los profesionales de menor edad.

El documento, que ya ha sido remitido a las organizaciones agrarias para su estudio y valoración, ya luce una firma. La ha estampado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, y con ella la organización agraria pone fin a su presencia en las protestas agrarias que hasta ahora había convocado en unidad de acción con COAG y Asaja, que todavía no han decidido si darán o no el visto bueno al plan de Luis Planas.

Cuatro mesas y una reunión pendiente

El "hartazgo" que el sector agrario está mostrando en las calles tenía bien definida la diana. Sus reivindicaciones han sonado siempre alto y claro a las puertas de la Comisión Europea y del Ministerio de Agricultura, administraciones a las que los agricultores y ganaderos culpan de las enrevesadas (y demasiado verdes) políticas agrarias que, aseguran, están llevando a la ruina a sus explotaciones.

Pero el clamor del campo aragonés también ha llegado ante la sede de las más altas instituciones de la Comunidad, sobre todo, a la plaza de San Pedro Nolasco, en la que se sitúa el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón.

Incluso el consejero del ramo, Ángel Samper, ha reconocido que aunque "las afecciones vienen del ministerio y de Bruselas, tenemos trabajo todos", en clara referencia a los responsables autonómicos.

Por eso, y por la presión de las protestas protagonizadas ante las puertas de la consejería tanto por las organizaciones agrarias como por las plataformas que han surgido al calor de esta movilización, también la consejería aragonesa apostó por el diálogo creando cuatro mesas de negociación para abordar cuestiones de política agraria, económicas, de infraestructuras y de la cadena alimentaria.

Se han celebrado las cuatro (con una versión paralela en la que han participado las plataformas) pero no se ha llegado, de momento, a ninguna concreción y mucho menos a un documento "claro y conciso" en el que las organizaciones agrarias puedan estampar su firma, como exigían UAGA y UPA en una concentración convocada a las puertas de las fiestas de Semana Santa.

"Esta semana estamos sintetizando las aportaciones de las organizaciones agrarias y las que han realizado las direcciones generales del Departamento", explicaba el pasado martes el consejero. Samper ha anunciado que la próxima semana se convocará una nueva reunión "para concluir las cuestiones que pueden llevarse a cabo", aunque ha advertido que aunque pueda estar de acuerdo con todo, "como consejero podré responder a todo lo que se pide o no".