Cerca de 200 agricultores de Calatayud, Aranda, Daroca y Valdejalón acuden a la tractorada de este domingo en Madrid
Los productores saldrán a primera hora desde la ciudad bilbilitana y llegarán a la capital de España en bus, coches y tren.
La tractorada que convoca la organización Unión de uniones de Agricultores y Ganaderos para este domingo por la mañana en Madrid contará con una notable presencia aragonesa. Desde las comarcas de la Comunidad de Calatayud, Campo de Daroca, Valdejalón, Aranda y alrededores serán cerca de 200 personas las que se desplacen a la capital de España.
Son productores de Ricla, Olvés, Cetina, Sisamón, Bordalba, Maluenda, Villarroya de la Sierra, Abanto, Cabolafuente, Calatayud, Monreal de Ariza, La Almunia de Doña Godina, Tobed, Tierga y Cervera de la Cañada. Pero también de localidades cercanas como Villel. Todos ellos se desplazarán en autobuses, coches particulares y en tren.
En el caso de los autobuses, que salen desde Calatayud, luego harán parada en el kilómetro 200, punto habitual de reunión y corte en la autovía A2, entre los términos municipales de Cetina y Ariza.
Desde allí acudirán a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, situado en la plaza de Santa Cruz. Allí se concentrarán desde las 10.00 y a las 11.00 está previsto que salgan hacia la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el paseo de Santa Isabel, junto al parque del Retiro.
Lo harán bajo los lemas 'Nos siguen sobrando los motivos. Defendemos nuestro trabajo. Defendemos la alimentación de todos'. En el caso de la zona de Calatayud, será la primera protesta tras la última realizada en Zaragoza a las puertas de la Delegación del Gobierno, para protestar contra las múltiples denuncias recibidas por los cortes de la autovía A2 a la altura de Cetina.
En algunos casos, las reivindicaciones que les sacaron a la calle para demandar menos burocracia, simplificar trámites y equiparar exigencias en el uso de fitosanitarios y el control de plagas como las de conejos, se saldaban con sanciones económicas, que algunos casos sumaban más de 1.200 euros. Recientemente, el propio delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, puntualizaba que esas sanciones "es algo sobre lo que ya no se puede intervenir".
