economía
El 69% de los aragoneses con derecho a la rebaja en la factura de la luz del bono social sigue sin tenerla
El programa 'Ni un hogar sin energía' de Ecodes lleva 10 años asesorando para ahorrar energía y alerta del impacto si no se prorrogan las medidas vigentes hasta el 31 de diciembre.
El precio de la luz atraviesa un periodo de calma, con menos volatilidad y precios más bajos algunos días, después del quebranto que supuso para la mayoría de los hogares la escalada iniciada con la invasión rusa de Ucrania el año pasado. Sin embargo, para la mayoría de las familias el recibo de la electricidad sigue siendo un motivo de preocupación, sobre todo, pensando en la llegada del invierno y el mayor consumo de energía.
Desde la fundación Ecodes llevan diez años asesorando a hogares vulnerables a través del programa 'Ni Un Hogar Sin Energía'. La organización ha constatado que sigue habiendo usuarios que podrían beneficiarse del bono social y no lo tienen aún.
El año pasado, el programa volvió a batir su récord de personas beneficiarias, llegando a 6.199 familias vulnerables atendidas, de las 19.745 a las que han asesorado en la última década, según el balance presentado recientemente. Desde 2013 la organización ha llevado a cabo 18.876 diagnósticos energéticos, ha atendido a 15.881 personas y ha dado formación a 1.719 familias y 1.278 trabajadores sociales y voluntarios.
En Aragón, 37.985 personas se benefician del bono social, según los últimos datos de Endesa, a 19 de octubre. El 66,6% lo han obtenido porque cumplen los criterios de renta, el 27% se trata de familias numerosas, un 5% son pensionistas y el 1% cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Trámites "complicados"
"El 69% familias con derecho al bono social eléctrico no lo están percibiendo", se queja Cecilia Foronda, directora del Área de Energía y Personas de Ecodes. Entre las razones destaca que muchos no es por desconocimiento sino porque "los trámites son muy complicados y hay que presentar mucha documentación, a veces difícil de conseguir". Así, pone como ejemplo que para obtener el bono social se tiene que ser el titular del suministro. "El 80% de las familias vulnerables viven de alquiler y algunos propietarios son reacios a poner los contratos como el de luz a nombre de las familias", apunta Foronda.
Además, es necesario presentar numerosa documentación como el certificado de empadronamiento, la fe de vida, estado civil, los miembros de la unidad de convivencia, sus gastos, etc. "Cuesta recopilar estos datos", señala.
Por ello, desde la organización se reivindica que la concesión cuando es por criterios de renta se haga "de forma automática", mediante el cruce de datos entre la Agencia Tributaria y el Ministerio para la Transición Ecológica.
A ello se une la dificultad para entender el recibo. "El 87% no entiende la factura energética", señala sobre el colectivo de personas vulnerables con el que trabajan. Recuerda que quienes consiguen el bono social eléctrico reciben también el bono térmico, un pago único como ayuda para calefacción y agua caliente.
Pobreza energética escondida
Ecodes destaca en su informe la existencia de la llamada "pobreza energética escondida", que se situaría en el 26%. Se trata de hogares cuyo gasto energético es inferior a la mitad de la media nacional. En estos casos son "familias que no gastan por miedo a las facturas y pasan frío o calor".
El informe indica también que el 63,6% de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
Entre las familias con dificultades un 25% ha pagado con retraso alguna de sus facturas de suministros. Este porcentaje "se mantiene", asegura Foronda. Desde la organización se recuerda que siguen vigentes las moratorias aprobadas por el Gobierno central para paliar los efectos económicos de la crisis de Ucrania, las últimas en el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprobaron medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía. Allí se incluyeron descuentos más elevados en el bono social eléctrico, protección ante los cortes de suministro y tarifas especiales como la TUR del gas para las comunidades de propietarios con calefacción central.
Petición de prorrogar la moratoria
Foronda alerta de que estas medidas ya solo se encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre y que en la situación actual, con un Gobierno en funciones, no se sabe todavía si se van a prorrogar. "Estamos demandando que haya una moratoria porque los precios siguen elevados", plantea. El informe destaca la importancia del llamado 'escudo social' del Gobierno central para que las cifras de pobreza energética no hayan sido peores.
"Las medidas de protección al consumidor vulnerable que comenzaron a ponerse en marcha con la pandemia de la covid-19 han logrado, al menos de momento, contener el aumento de la pobreza energética en España", se incluye entre las conclusiones del último balance el programa.
Una de las varibles que más subiría de finalizar las ayudas extraordinarias sería la de "gasto desproporcionado". Según el estudio, el 76% de los hogares tenían un gasto energético en relación con sus ingresos de más del doble de la media nacional. Este es achacable a circunstancias como la falta de eficiencia de los hogares, ya que los de las familias con menos recursos suelen ser los que sufren más ineficiencias. Estos pisos suelen ser más antiguos que la media, con ventanas que aislan peor y electrodomésticos viejos que consumen más energía, entre algunos problemas detectados durante sus asesorías.
