Pacto para la investidura de Pedro Sánchez: una amnistía a la crisis de 2008

La sombra de la crisis económica de 2008 es alargada. Quince años después del estallido de la burbuja inmobiliaria que sumió en la peor de las recesiones a la economía mundial, las comunidades autónomas siguen pagando los créditos que tuvieron que solicitar para mantener la prestación de lose servicios básicos. Pero hay diferencias entre territorios. Mientras unos dispararon el endeudamiento hasta el 30% de su PIB, otros lo mantuvieron a raya. Ahora el PSOE anuncia una quita generalizada que meterá a todos en el mismo saco, pero que viene condicionada por el pacto inicial con los independentistas catalanes.

El acuerdo alcanzado por los socialistas con ERC fija la «asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este, originada por el impacto negativo del ciclo económico (en referencia a la crisis de 2008), para lo cual se determinará qué parte del incremento de la deuda obedece al impacto del ciclo». De esta forma, el PSOE desvincula la condonación de la infradotación de las comunidades en el actual sistema de financiación autonómica, como se venía planteando hasta ahora para perdonar parte del endeudamiento, y lo liga a la gestión financiera de la anterior crisis.

Según los datos del Banco de España, Aragón elevo su deuda hasta el 18% de su PIB entre 2007 y 2015 como consecuencia de la recesión económica. En el mismo periodo, Cataluña llevó esa cifra hasta el 27,7%, solo superada por Castilla-La Mancha (31,4%) y Comunidad Valenciana (30,5%), mientras que Madrid la mantuvo en el 5% y Galicia en el 11%.

Fondo de Liquidez

Pero además, el tipo de deuda contraída por cada territorio varía considerablemente. En 2012, el entonces Gobierno central del PP puso en marcha el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ideado para facilitar recursos a las comunidades en condiciones más ventajosas que las del mercado. La primera en hacer uso de esta herramienta fue Cataluña, y con el tiempo ha sido, de lejos, la que más dinero ha percibido por esta vía.

De los 85.000 millones de euros de deuda catalana, en torno al 85%, más de 70.000, proceden del FLA. En cambio, Madrid no recurrió a este fondo, y ninguno de los 38.000 millones que adeuda proceden del Estado.

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En el caso de Aragón, la entonces presidenta, Luisa Fernanda Rudi, rechazó captar fondos del FLA, al considerar que lastraba la imagen financiera de la DGA y suponía una intervención del Ministerio, que exigía ciertas reglas de gasto a cambio. La decisión, no obstante, le salió cara a la Comunidad, que tuvo que pagar 647 millones de euros más de intereses al emitir deuda por otras vías.

En parte por ello, la deuda pública de Aragón apenas representa el 55% de su endeudamiento total. En cualquier caso, el PSOE ha abierto la posibilidad de condonar créditos que no sean de carácter público, aunque todo se concretará en un Consejo de Política Fiscal que se anticipa conflictivo. Por un lado, el PP reprochará al Gobierno que no haya planteado la quita en este foro, y que llegue ya pactada de forma unilateral con los independentistas. Los conservadores tratarán de mantener la unidad, pero los socialistas confían en que no podrán explicar a sus ciudadanos que rechazan una medida que ahorrará miles de millones a sus mermadas arcas.

Y por el otro, la condonación de deuda irá irremediablemente atada a una reforma de la financiación autonómica. Y en esa pugna, las siglas pierden peso. Aragón, al igual que otros territorios que sufren la despoblación, urge una mejora de las condiciones para las comunidades más dispersas y envejecidas. Pero en Moncloa ya advierten de que el acuerdo no será inmediato. «Harán falta meses de negociación», auguran.