Las empresas aragonesas temen que la economía se ralentice con un IPC al alza hasta fin de año
CEOE y Cepyme advierten de los efectos de los elevados tipos de interés en la actividad productiva.
El incremento de los precios en agosto por segundo mes consecutivo después de registrar mínimos (del 1,9%) en junio, según el IPC adelantado por el INE el pasado miércoles, apunta a una evolución al alza de la inflación en los próximos meses que preocupa a las empresas aragonesas. El último registro, del 2,6%, no genera alarma hasta el punto de afrontar ahora una denominada ‘cuesta de septiembre’, admiten las patronales CEOE y Cepyme, pero sí traza una tendencia que complicará la gestión de las compañías, sobre todo de las pymes, hasta fin de año.
«Nuestra previsión es que el índice de precios al consumo cierre el ejercicio en el 4%, con una subyacente (que mide el precio de todos los bienes y servicios salvo los productos energéticos y los alimentos frescos) en el 6%», apunta Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón, que no considera «muy preocupante» la situación en este momento, pero sí de cara al otoño y al invierno, entre otras cosas por los efectos en la economía de la política de tipos de interés elevados dictada por el Banco Central Europeo y la incertidumbre sobre los precios del gas si, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, las temperaturas bajan mucho y las calefacciones disparan los gastos energéticos.
"Nuestra estimación para el PIB (producto interior bruto) es que cierre el año en el 2%, pero la inflación se incrementaría el doble, lo que sí resulta preocupante", precisa Arnau. Las subidas salariales que se están pactando en los convenios con los sindicatos y el hecho de que las empresas no estén trasladando a sus clientes el aumento de sus costes del último año, incide el portavoz de CEOE Aragón, complicará la marcha de muchas de las compañías en la Comunidad.
"Algunos sectores y sobre todo algunas empresas, especialmente las pequeñas, no podrán soportar una inflación disparada y un precio del dinero tan caro", ahonda María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón. "Vamos a ver qué ocurre este mes de septiembre después de que durante el verano los precios estuviesen tan altos y, sin embargo, la gente no haya dejado de viajar y comprar, quizás porque tenían ahorrado", añade.
"Ahora con los gastos de la vuelta al colegio y la recuperación de la actividad normal parece que las cosas van bien, pero yo tengo la percepción de que todo se sujeta con alfileres", subraya la presidenta de la organización de pequeñas y medianas empresas. La subida de tipos, que a su vez dispara el euríbor, es "escandalosa", afirma con preocupación antes de indicar con dramatismo que al final "hay familias que o comen o pagan la hipoteca".
Llorente coincide con Arnau en señalar que si el invierno es suave, como el del año pasado, los gastos de las empresas serán menores y eso les beneficiará. No obstante, insiste en considerar que vamos hacia "una cierta ralentización de la economía" y reseña que, según el Observatorio de la Morosidad, empresas de determinados sectores están tardando en cobrar cada vez más tiempo (89 días de media y en algunos sectores hasta 180).
Manuel Pina, secretario general de CC. OO. Aragón, ratifica la impresión de los portavoces empresariales sobre la situación actual de la inflación –que en España se ha moderado más que en la media de países europeos– y un mes de septiembre no alarmante para la economía. En cambio, sí se muestra "muy preocupado" por la política monetaria del Banco Central Europeo.
"La mayor afección que vemos", precisa Pina, «es en la evolución de los precios de las hipotecas», lo que está afectando de lleno a muchos trabajadores. "Estamos consiguiendo en la negociación colectiva subidas salariales importantes, pero lo que nos están diciendo es que eso no lo notan por el encarecimiento de las hipotecas", indica el líder de CC. OO. en Aragón. Los elevados incrementos del precio del dinero por parte del BCE, abunda el dirigente sindical, afectan más a los países del sur de Europa que a los del norte, donde el alquiler de vivienda es más habitual que la compra.
La inflación actual divide a los consumidores
Después de las escandalosas tasas de inflación registradas el año pasado en los meses posteriores al inicio de la guerra en Ucrania, que dispararon las subidas hasta el 10%, la tasa del IPC adelantado esta semana del 2,6% no genera la misma preocupación que entonces. Entre las organizaciones de consumidores, la percepción sobre la evolución de los precios difiere, con visiones más o menos pesimistas, según el análisis de cada una.
"La sensación que tenemos es que no hay tensión inflacionista", asegura José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA). Los datos adelantados de agosto, indica, reflejan una subida del IPC causada por un encarecimiento de los carburantes que él considera que se contendrá en los próximos meses.
En cuanto a los alimentos, Oliván no cree en términos generales que haya que preocuparse. La fruta ha tenido en verano «un buen comportamiento», afirma, y lo mismo ha pasado con otros productos. Un caso aparte es el aceite de oliva, matiza, con un precio que se ha disparado como consecuencia de la mala cosecha del año pasado y la previsión de que la campaña actual también lo sea por los efectos de la sequía.
La rebaja del IVA
Otra organización de consumidores, Facua, ha puesto el acento esta semana en el análisis de la evolución en el mes de agosto de casi un millar de alimentos afectados por la rebaja del IVA en ocho grandes cadenas de distribución. Casi la mitad los productos analizados por la asociación, el 48,4%, han subido ya su precio con respecto al que tenían a principios de año una vez aplicada la norma. "Según el real decreto ley por el que está vigente la medida, ninguno de estos productos puede subir de precio salvo que se produzcan incrementos de costes", apuntan.
Facua está reclamando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cada mes que investigue qué subidas han sido fruto de aumentos en los costes y cuáles implican incrementos en los márgenes de beneficio para algún miembro de la cadena alimentaria, una práctica que, recalca, está prohibida por el real decreto ley mediante el que se aprobó la rebaja del IVA.
