Nuevo paso para crear una IGP de la cereza de Calatayud y el Aranda
La Asociación de productores pasa a ser Consejo Regulador y a finales de mes espera presentar la solicitud.
La cereza de las comarcas de Calatayud y el Aranda está más cerca de contar con una Indicación Geográfica Protegida (IGP). Este miércoles, la Asamblea Extraordinaria de la Asociación para la promoción de esta fruta producida en ambos territorios dio el visto bueno a la aprobación de los estatutos provisionales del consejo regulador, así como al pliego de condiciones y al reglamento, y refrendo el nombramiento provisional de los integrantes que dirigirán este órgano, a cuyo frente se situará Alberto Pérez, agricultor de Olvés. Según explicó el propio responsable, a finales de mes esperan presentar ante la DGA toda la documentación para recibir el visto bueno e iniciar el trámite de exposición pública.
"Contar con una IGP es importante para darle más valor todavía a un producto que tiene unas características y calidad diferenciales. Nos permitirá ascender a otra liga y aportar más valor añadido y que eso revierta en nuestros pueblos", argumentó Pérez. De la misma forma, reivindicó que se trata de un fruto que llega al mercado como un "guiso a fuego lento": "Estamos en una zona donde los cambios de temperatura son muy extremos y también influye la altitud. Eso hace que sea una cereza más dura, más dulce, más crujiente y que tenga más color", detalló.
En total, bajo este sello se aglutinan cerca de 9 millones de kilos de producción de cereza y una extensión de unas 3.300 hectáreas. El proceso para redactar las bases ha tenido un presupuesto de 50.000 euros y ha contado con una subvención del 80% de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral (ADRI) Calatayud-Aranda.
El proyecto echó a andar hace más de cinco años con los primeros estudios de la calidad y características de la cereza de estos territorios, por parte de los especialistas de un organismo como el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).
En 2018 se acabó constituyendo la asociación, que representa a 36 productores y comercializadores, y se abogó por conseguir la denominada 'marca de calidad', que cuajó en 2019. Desde entonces, sus impulsores han promovido mecanismos de control de la carta de calidad, análisis de calidad del fruto en campo y la evaluación de los productores y comercializadores con el fin de aumentar la masa crítica de representación del sector.
