Una evaluación negativa del desempeño no impedirá a los funcionarios optar a concursos públicos y promoción interna
El Gobierno acepta las enmiendas de CC. OO. y UGT para eliminar esa limitación y su carácter sancionador.
Una evaluación negativa del desempeño no impedirá a los funcionarios optar a los concursos y a la promoción interna. El Gobierno ha aceptado modificar la limitación que había introducido en el anteproyecto de la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, de manera que ya no será un requisito imprescindible tener una evaluación positiva para poder participar en los sistemas de provisión de puestos, promocionar o presentarse a un concurso. También se eliminan la incoación de medidas disciplinarias asociadas a la evaluación negativa. No obstante, la evaluación positiva sí dará puntos al funcionario que la tenga.
Los sindicatos CC. OO. y UGT han conseguido introducir 250 modificaciones en el anteproyecto de ley, que afectan a más del 60% del articulado. Elisa Fernández, secretaria general del Sector de la Administración General del Estado de FSC-CC. OO., explica que han conseguido eliminar gran parte de la limitación de derechos que incorporaba el anteproyecto en el ámbito de la evaluación del desempeño, aunque todavía siguen reclamando que no se pueda remover al funcionario del puesto de trabajo obtenido por concurso público si tiene una evaluación negativa.
Participación sindical
El Gobierno ha admitido que los sindicatos participen en las comisiones que elaborarán los procedimientos de la evaluación del desempeño, pero las centrales exigen, en aras de la transparencia y la objetividad, participar en la propia comisión que realiza la evaluación. De hecho, ya funciona así para el cuerpo especial de investigadores científicos: es la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora quien aprueba los 'sexenios' (seis años de investigación), que dan derecho a percibir el complemento correspondiente y en ella están presentes los sindicatos.
Este viernes se reúne la Mesa General de Negociación, con más de 200 enmiendas en discusión presentadas por CC. OO. y UGT. Fernández destaca que es indispensable que el anteproyecto no limite los derechos, pero pone en valor que en el anteproyecto ya se plasme que la planificación de los recursos humanes se va a basar en el desarrollo profesional de los empleados públicos y que reconozca la negociación colectiva de todos los reglamentos y desarrollo de la ley. En este marco, insiste en la necesidad de cubrir las vacantes en la Administración General del Estado porque "quien implementa las políticas sociales son los empleados públicos".
