Aragón va a destinar 80 millones hasta 2025 para impulsar la economía social
El Gobierno de Aragón ha dado a conocer este lunes el Plan Aragonés de Impulso a la Economía Social 2022-2025, estructurado en 70 medidas.
Dar un impulso a la economía social destinándole 20 millones este año y mantener ese presupuesto hasta 2025, sumando al menos 80 millones, es lo que pretende el plan que presentó ayer la consejera de Economía, Marta Gastón, en la sala de la Corona del edificio Pignatelli. Su objetivo, explicó, es convertir en un eje estratégico de la política económica del Gobierno de Aragón al llamado tercer sector, que da empleo en la Comunidad a 20.496 personas, integra a 5.218 organizaciones y supone el 1,06% del VAB (Valor Añadido Bruto) aragonés, unos 370 millones.
«Con una ley aragonesa de economía social que esperamos vea la luz en no mucho tiempo y la acción colectiva de todas las organizaciones implicadas», Gastón abogó por dar a la economía social «la importancia que merece y lograr una mayor rentabilidad económica y social como generadora de oportunidades en el medio rural». Hasta 70 acciones y 4 retos –consolidación, crecimiento e innovación; generación del sentimiento de comunidad y arraigo; y participación activa de todos los agentes– enmarcan el plan para respaldar un tipo de economía que prima a las personas y el fin social que cumplen sobre el capital y el beneficio.
«Es difícil que el Gobierno quiera preservar unos servicios donde no hay actividad económica. Por eso es tan importante que el mundo rural siga vivo y somos las cooperativas las que sostenemos la economía diaria», dijo Juan José Molés, director del Grupo Arcoiris, Premio al mejor directivo ADEA 2020 por el esfuerzo de mantener más de medio millar de empleos en Teruel a través de 480 explotaciones ganaderas.
En la presentación del plan de impulso a la economía social, Molés reivindicó al Ejecutivo aragonés «más políticas que favorezcan emprender en los pueblos ante el grave problema de falta de relevo generacional y menos trabas burocráticas por parte de la Administración».
Asimismo, intervino Montse Esteve, directora de ‘Fem Llitera’, una organización que trabaja para garantizar el futuro de los pueblos, para reclamar medidas de «discriminación fiscal positiva» ya que «no es lo mismo para un autónomo pagar de cuota 400 euros en un pueblo de 190 habitantes que en una ciudad donde la clientela es mayor». Tampoco, dijo, «son iguales los costes de emprender en el medio rural» ya que en su caso «para dar servicio se tiene que desplazar a veces 80 o 90 kilómetros al día con lo que el gasto se multiplica». Que lleguen oportunidades reales a los pueblos es lo que se necesita, añadió, dada «la dificultad de encontrar personas cualificadas, ya que se van y no quieren volver».
Roberto Oyaga, gerente de Manipulados y Servicios Picarral (Mapiser), insistió en la necesidad de que este plan ayude a «poner en valor lo que la economía social representa» en creación de empleo y compromiso social.
Convencida de que la economía social va a ir a más gracias a los fondos del Perte de economía de los cuidados, anunciado por el Gobierno central, y el programa de acción de ámbito europeo 2021-2025, Gastón destacó las bondades de este plan que recoge que las entidades de economía social «sean primadas en licitaciones públicas» y que por la inversión en ellas se tengan incentivos fiscales como la deducción en el IRPF.
Además, anunció que para reconocer su labor se declarará el 24 de febrero como el ‘Día de la Economía Social en Aragón’, coincidiendo con la fecha en la que se produjo el debate a la totalidad de la futura ley en esta materia, pendiente de aprobación. Se convocará también un ‘Sello Aragón Economía Social’ para distinguir a las entidades que la favorezcan.
Por último, la consejera demandó más participación de cooperativas, centros especiales de empleo, empresas de inserción, fundaciones y entidades involucradas en la economía social para que «todas las líneas de ayudas disponibles se agoten y no quede ninguna sin ejecutar».
Entre las medidas incluidas en el Plan de Economía Social 2022-2025, ocupa un capítulo destacado la formación específica y bonificada junto a la Escuela de Organización Industrial. (EOI) en áreas, por ejemplo, como el marketing digital para cooperativas.
También se llevará a cabo un estudio de necesidades y oportunidades en el sector por comarcas para poder impulsar iniciativas en este ámbito, y se creará una red de economía social para fomentar el empleo en zonas poco pobladas, además de favorecer la inter-cooperación entre las propias entidades que ya componen el sector.
Por otra parte, además de poner en marcha el Consejo Aragonés de la Economía Social como máximo órgano de coordinación, interlocución y participación en esta materia en la Comunidad Autónoma, se va a incluir representación del sector en los órganos de participación del Consejo Económico y Social de Aragón.
En el desarrollo de las medidas del Plan de Impulso estarán implicadas diversas direcciones generales y organismos del Gobierno de Aragón. Por ejemplo, gracias a la colaboración entre CEEI Aragón y Aragón Exterior (AREX), se va a poner en marcha una aceleradora para empresas de economía social.
A todo ello hay que sumar todas las ayudas del Inaem para apoyar el empleo en cooperativas y sociedades laborales e impulsar su competitividad o de las subvenciones dirigidas a empresas de inserción y centros especiales de empleo, además de para la difusión de la economía social en Aragón.
Todas estas medidas persiguen diez objetivos fundamentales. Entre ellos, está impulsar y valorar el potencial transformador de la economía social, su generación de empleo de calidad y su contribución a la vertebración territorial, a la igualdad social y al desarrollo económico; reforzar la productividad de estas entidades, entre otras.
De forma paralela a la puesta en marcha de esta estrategia, en las Cortes de Aragón continúa la tramitación de la Ley de Economía Social de Aragón, que actuará como marco jurídico de actuación para este y futuros planes de impulso de este tipo de modelo económico, dentro del cual se engloban cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción, asociaciones, fundaciones, y sociedades agrarias de transformación, entre otras entidades.
El Proyecto de Ley de Economía Social de Aragón también fue elaborado por el Gobierno de Aragón de la mano de sus organizaciones más representativas. Este sector socio-económico cuenta con una amplia presencia e implantación en el territorio.
Para el seguimiento de Plan de Impulso de la Economía Social en Aragón 2022-2025 se constituirá un grupo técnico y se analizará la evolución de indicadores como el número de empresas que componen el sector y cuántas se constituyen cada año, el número medio de trabajadores con los que cuentan, su cifra de negocio y el número de personas formadas en actividades promovidas dentro de esta estrategia.
