El pleno del CGPJ tumba el informe de la ley de vivienda del Gobierno

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este viernes, por 15 votos a 6, rechazar la propuesta de informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y elaborar un nuevo texto que debatirá el próximo 27 de enero.

La decisión del poder judicial retrasará previsiblemente hasta febrero la aprobación del anteproyecto de ley de vivienda en el Consejo de Ministros, que tenía previsto enviarlo al Congreso el próximo martes, 18 de enero.

Según ha informado el CGPJ, los nuevos ponentes serán los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas, tras el rechazo del texto presentado por el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta. Este criticaba la falta de concreción de las reglas de intervención de los precios del mercado de alquiler incluidas en el anteproyecto, aunque avalaba su compatibilidad con el derecho a la propiedad.

Aunque el CGPJ ya advirtió el pasado diciembre de que no veía posible aprobar su informe -que es preceptivo, aunque no vinculante-antes del 27 de enero, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguraba esta semana en Dubái que el Gobierno enviaría el anteproyecto al Congreso el 18 de enero.

Desde Unidas Podemos han manifestado su "preocupación por los retrasos injustificables" en la ley de vivienda, tras conocer lo ocurrido este viernes en el pleno del órgano de los jueces.

Considerada una de las "leyes estrella" de los morados y negociada en primera persona por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, el anteproyecto permite por primera vez la regulación de los alquileres en las zonas con mercados tensionados, pone freno a los desahucios sin vivienda alternativa para familias vulnerables y prohíbe la venta de vivienda protegida.

El texto del Ejecutivo recoge la regulación del precio del alquiler en zonas de mercado tensionadas, bonificaciones para incentivar que pequeños propietarios bajen las rentas a los inquilinos y medidas para fomentar el parque público de vivienda.

De esta forma, se fija que la declaración de zona tensionada se aplicará en áreas en las que exista "un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado". La decisión dependerá de las administraciones competentes (comunidades y ayuntamientos), basadas en una serie de criterios establecidos en la ley.