La Fundación CAI recorta su estructura

La Fundación CAI, que ha dado continuidad a la antigua Caja Inmaculada, ha decidido emprender un proceso de reestructuración para hacer frente a la difícil situación económica por la que atraviesa en la actualidad y así poder seguir en la brecha. Un proceso que incluye el cierre de tres instalaciones –la histórica biblioteca Mariano de Pano de Zaragoza, un centro en Huesca y otro en Teruel– y el recorte de cerca de la mitad de su plantilla, compuesta hoy por 34 personas.

Según explicó Juan Álvarez Aranaz, presidente del patronato de la Fundación, el remanente de tesorería que tenían se ha ido agotando en los últimos años y los ingresos con los que cuentan no cubren los elevados gastos fijos de la organización. De hecho, el ejercicio pasado la facturación ascendió a 800.000 euros y solo en personal el desembolso fue de 1,2 millones.

Álvarez apuntó que se ha abierto un periodo de consultas con representantes de los trabajadores hasta el 12 de mayo para abordar la manera de materializar la reestructuración y negociar las condiciones de las salidas, mientras se estudia la posibilidad de llevar alguna actividad que se realiza en la biblioteca al centro de formación de la Fundación CAI en la calle Juan Pablo II de Zaragoza, frente al hotel Reina Petronila. El presidente del patronato indicó que es muy oneroso mantener la biblioteca y reconoció que es muy duro tener que recortar empleo, pero hay que asumir que si no se toman medidas la continuidad de la Fundación estará en peligro.

Trabajadores de la entidad han puesto en marcha una campaña en la plataforma change.org para recabar apoyo en la defensa de los empleos que serán recortados, y aunque admiten ser conscientes de la «delicada situación económica de la Fundación CAI», atribuyen las dificultades económicas a una gestión que –señalan– «no puede calificarse de otra forma que de catastrófica: no tiene un proyecto definido, ni organigrama, ni plan de comunicación, ha sido incapaz de adaptar sus líneas de actuación a las necesidades sociales». «No es un problema económico, es un problema de mala gestión que como siempre pagamos los más débiles, los trabajadores», inciden.