Desde mediados de 2015, varios municipios aragoneses de las Cinco Villas junto con otros de las comarcas limítrofes de Navarra están pendientes de la evolución de un proyecto minero que promete atraer puestos de trabajo y riqueza, pero que también podría ser un riesgo importante para el medio ambiente según algunas opiniones.

Mina Muga, como se denomina el proyecto, sería una mina de gran tamaño que se extendería desde los términos municipales de Urriés y Undués de Lerda en Aragón, donde se encontraría una de las entradas a la explotación, hasta Javier en Navarra, comunidad en la que también se instalaría en el municipio de Sangüesa una planta transformadora, todo ello en las proximidades del embalse de Yesa. Geoalcali, la empresa promotora, tiene un plan para extraer de esta mina potasa, principal mineral necesario para la elaboración de la mayoría de fertilizantes y calcula que una vez el proyecto estuviera a pleno rendimiento podrían generarse unos 800 puestos de trabajo.

Sin embargo la ejecución de la mina sigue pendiente de que el Ministerio de Agricultura apruebe la Declaración de Impacto Ambiental para la explotación. Un trámite que recae sobre el Ministerio sin pasar por las Administraciones autonómicas de Navarra y Aragón al estar a caballo entre las dos comunidades. Esta evaluación se ha dilatado después de que el proyecto presentado ya en 2015 recibiera más de 400 alegaciones de organizaciones e instituciones y el Ministerio solicitara a la empresa complementar la información con ellas.

El nuevo proyecto, que ya ha sido enviado por Geoalcali y que salió a exposición pública el pasado mes de septiembre, extiende la superficie de la explotación interior hasta llegar a ocupar por completo el casco urbano de Undués, algo que no ha gustado a las plataformas que bajo el nombre 'No a las minas de Potasa' han formado tanto en Aragón como en Navarra residentes de estos municipios y otros vecinos que tienen allí su segunda residencia.

Desde la empresa se explica que si ha aumentado la superficie de lo que será la mina ha sido “porque se han mejorado los macizos de protección” en los términos municipales de Undués y Javier, lo que ha hecho, por así decirlo, “que el proyecto se achate en su superficie explotable”.

“El Ministerio nos solicitó un refundido del proyecto inicial para que se incluyeran parte de las alegaciones que se habían recibido, y eso es lo que hemos hecho. Hemos adaptado la mina tomando las opiniones que nos habían llegado y solicitando que vuelve a salir a exposición pública una vez más”, señala a Heraldo.es Ricardo Pérez, Director de Relaciones Exteriores de Geoalcali, empresa que nació con capital australiano para la explotación de la mina.

Otras mejoras que se han implementado según Geoalcali son la reducción de la superficie de la bocamina que se instalará en Undués de 7,9 hectáreas a 1,6 o una mayor separación del itinerario del tramo del Camino de Santiago que discurre por estos pueblos.

La plataforma contraria a la mina se queja por el escaso margen para alegar

En concreto, el nuevo proyecto minero se extenderá, en toda su zona minera, en unas 600 hectáreas más que el original, expandiéndose principalmente hacia el sur y el este. Un aumento de extensión contra el que han vuelto a posicionarse la plataforma contraria a la mina, que además alega que los trámites administrativos no son los adecuados para la magnitud del proyecto.

“Los nuevos planos salieron a exposición pública a comienzos de septiembre junto con una documentación cercana a los 15.000 folios y un plazo para presentar alegaciones de solo 30 días. Creo que sobra decir que es complicado para asociaciones y ayuntamientos pequeños, pero que se pueden jugar mucho con la mina, responder en plazo a todo esto”, explica Fermín Riezu, concejal de CHA en el Ayuntamiento de Undués y uno de los portavoces de la plataforma.

Oscar Pueyo, doctor en Geología de la Universidad de Zaragoza que ha ayudado a la plataforma a presentar sus alegaciones, señala también que la viabilidad de la mina en su opinión es cuestionable. “El primer informe contaba con fallos importantes”, según señala, al tiempo “que no valoraba suficientemente los riesgos sísmicos que podría tener para la zona”. La CHE también requirió en su momento a la empresa un informe específico sobre los posibles riesgos que la explotación podría tener sobre el embalse de Yesa.

Por su parte, la DGA requirió que se incluyeran sendos informes al Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico Minero para corroborar la seguridad que podría tener esa explotación, al tiempo que se mantiene sin resolver una solicitud para una galería de investigación que Geoalcali quería explorar en territorio aragonés.

En Undués de Lerda, el pequeño municipio de las Cinco Villas al que más tocaría el proyecto en Aragón, de solo 58 habitantes censados, el clima ante la explotación también está dividido. Su alcalde, el popular Juan Arboniés, es defensor del proyecto, según manifestó a Heraldo.es al comienzo de los trámites. Allí, en las cercanías de la población, Geoalcali ya ha comenzado con los primeros sondeos tras recibir las autorizaciones necesarias.