Empieza el juicio a tres exdirectivos de CAI por administración desleal

Se prevé que se prolongue hasta el miércoles. Declararán en torno 26 testigos.

Juicio a tres exdirectivos de CAI.
Empieza el juicio a tres exdirectivos de CAI por administración desleal
José Miguel Marco

El juicio a tres ex altos cargos de la antigua Caja de Ahorros de Inmaculada (CAI) por un presunto delito continuado de administración desleal entre 2007 y 2009, por el que el fiscal solicita 3 años de cárcel para cada uno y una fianza conjunta de 18 millones de euros, comienza en Zaragoza.


La Sección VI de la Audiencia Provincial acogerá el juicio, en el que se sentarán en el banquillo Tomás García Montes, ex director general de la entidad bancaria; Francisco Javier Alfaro Navarro, subdirector de la CAI y hombre de confianza del primero; y Ramón Marrero Gómez, socio de la caja en negocios inmobiliarios en Andalucía y exconsejero socialista de la Junta andaluza.


Junto a ellos, será juzgada como responsable civil subsidiaria María de los Ángeles A.G., esposa de Francisco Javier Alfaro, según avanzaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).


La investigación se inició en 2012 a raíz de una denuncia que interpuso la propia CAI -entidad absorbida en 2014 por Ibercaja- por la compra de dos pisos, cuya promoción y administración correspondía a la entidad financiera y que Montes y Alfaro adquirieron presuntamente con una rebaja que se sitúa en torno a un 50 por ciento; así como por cuatro facturas libradas supuestamente por dos sociedades participadas por CAI en concepto de viajes a Egipto por cerca de 200.000 euros.


Además, se denunció una operación de reestructuración de negocios acordada presuntamente entre CAI y Marrero el verano de 2009, que implicó por parte de la entidad financiera la adquisición de las participaciones accionariales que este tenía en varias sociedades de promoción inmobiliaria participadas por CAI y que se llevó a cabo en unas condiciones ventajosas para él, según la querella.


Las penas de cárcel que solicita el fiscal están lejos de las que reclaman la acusaciones, la propia CAI y la Asociación Sindical Independiente de Profesionales del Ahorro (ASIPA- CIC), que piden 16 años de cárcel para cada uno por administración desleal y apropiación indebida, además de estafa en el caso de la organización sindical.


García Montes fue nombrado director general de CAI en julio de 2005 y destituido por decisión del Consejo de Administración de la entidad en 2009 por amplia mayoría del consejo y como consecuencia de la pérdida de confianza en su persona para el cargo, según consta en la querella.


Entre los motivos que justificaron esta decisión se encontraba la elevada concentración del crédito y las inversiones de la entidad en el sector de la promoción y construcción inmobiliarias, la manera opaca y personalista e incluso autoritaria con la que ejercía el cargo, que había derivado en un malestar interno, y la falta de transparencia ante el propio consejo de administración.


No obstante el consejo no tenía en aquel momento ninguna constancia de actuaciones por su parte que tuvieran carácter desleal o ilícito, según la querella.


Pasadas una semanas desde su destitución, la entidad llegó a un acuerdo, en febrero de 2010, para la salida también de Javier Alfaro, subdirector de CAI y mano derecha de García Montes, también por pérdida de confianza.


Tras el cese del director general, a raíz de una investigación interna en CAI y en diversas sociedades participadas, la entidad detectó irregularidades que podían constituir hechos delictivos y que puso en conocimiento del juez.


La acusación particular la ejerce la propia entidad financiera (CAI) y como acusación popular la Confederación Sindical de Cajas y a lo largo del juicio, que se prevé que se prolongue hasta el miércoles, declararán en torno 26 testigos, en su mayoría ex miembros de la cúpula directiva de la entidad aragonesa.

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