La dirección de Tata Hispano ha rechazado este jueves las acusaciones de "conjura y secretismo" para impulsar el cierre de la fábrica de Zaragoza, decisión que tomó el Consejo de Administración el pasado 20 de septiembre basado en las pérdidas acumuladas de más de 60 millones de euros los últimos 6 años.

En una nota de prensa la dirección del fabricante de carrocerías de autobuses informa que, una vez constatado el "dramático" contexto del mercado y de caída de ventas y la "imposibilidad" de revertir la situación de perdidas y de recuperar la rentabilidad del negocio, Tata Motors encargó en enero de este año un análisis de alternativas así como posibles costes máximos y mínimos para poder adoptar decisiones.

La compañía asegura que "en ningún caso" se ha planificado el cierre de la planta en los términos de "conjura y secretismo" ya que si el cierre se hubiera decidido hace un año "no tendría sentido haber mantenido la actividad durante tanto tiempo con el consiguiente coste adicional para Tata Hispano y su accionista".

Defiende ser "la primera interesada" en tratar de asegurar la continuidad de la planta y, por tanto, rechaza que se le acuse de "dejar morir la fábrica" ya que su interés ha sido "agotar todas las posibilidades y escenarios previos de una posible continuidad para no tener que llegar nunca a tomar la decisión que finalmente se toma el pasado 20 de septiembre".

Tata Hispano incide asimismo en los esfuerzos que está realizando para alcanzar un acuerdo con los trabajadores con mejoras en las ofertas indemnizatorias, "siempre dentro de lo razonable" para una empresa con pérdidas acumuladas durante los últimos 6 años, por valor de más 60 millones de euros.

Según Tata Motor a los trabajadores se les ha ofrecido hasta 27 días por año trabajado con un tope de 16 mensualidades para todos los empleados salvo para los que actualmente se encuentran en situación de jubilación parcial.

Una oferta, dicen, que supera "ampliamente" el mínimo legal que se establece en 20 días de salario por año de servicio con un tope de 12 mensualidades, y que supone un "tremendo esfuerzo económico" para una compañía que cierra obligada por su situación económica y la situación de mercado.

Dado que el comité de empresa se mantiene "inamovible" en su petición de 55 días sin tope de mensualidades para todos los trabajadores, la compañía ha solicitado la mediación del SAMA (Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje).